La consejera de Economía e Industria de Galicia, María Jesús Lorenzana, recibe a Libertad Digital en plena batalla para adaptar toda la política energética de la comunidad, con la renovación de parques eólicos como principal objetivo. El Gobierno de Alfonso Rueda aspira a reducir el número de molinos de 3.000 a 600, lo que supone un 80% menos de instalaciones. Una medida que ha puesto en pie de guerra al sector, que ve con recelo esta y otras medidas incluidas en el Plan que pretenden poner en marcha.
¿Por qué es necesario reducir el número de molinos en Galicia?
Tenemos un plan eólico antiguo, que tiene más de 20 años, toca renovarlo. Esta medida obliga a que los parques con 25 años o más hagan una repotenciación para aumentar la potencia y reducir así el impacto.
¿Era una demanda social reducir ese impacto?
Las autorizaciones se concedieron a finales de los 90, desde entonces las cosas han cambiado mucho. Se dieron con unas condiciones técnicas que hablaban de una vida útil de 20 o 25 años. La decisión va también fundada en que las propias máquinas tenían esa previsión de vida. Queremos dar un paso más en el impacto medioambiental que tienen estos aerogeneradores, porque la ciencia ha evolucionado mucho y ahora es posible que un sólo molino produzca la misma potencia que 6, 8 o 10 de los anteriores.
Los vecinos han acogido bien este Plan pero no así las compañías. ¿Qué diálogo han mantenido con ellas?
Los ciudadanos lo han entendido bien porque Galicia tiene muchos eólicos y la gente lo ve y lo vive. Determinados promotores, inicialmente, reaccionaron de una forma, quizá también porque no lo explicamos bien o no conocían el texto final. Tenemos claro que no es negociable que hay que repotenciar pero somos dialogantes. Se pueden flexibilizar algunas medidas, como alargar la vida hasta los 30 años, si se justifica, o prórrogas de 18 meses para iniciar el procedimiento, también justificado. Pero la repotenciación es clave, como lo es abaratar la energía.
Las compañías acusan a la Xunta de intervencionista esta propuesta para abaratar la energía.
En absoluto. Nosotros no marcamos el precio eléctrico, lo que se determina, en este tiempo transitorio hasta tener el Plan eólico, es que se hagan acuerdos PPA de energía, durante un plazo determinado y al precio que determinen las partes, a favor de empresas de alrededor o de toda Galicia. Esta figura está en la Ley del sector eléctrico, ya se utilizaba en Galicia y en otras Comunidades.
Las asociaciones eólicas pensaban que la medida se aplicaba de manera retroactiva pero es para los nuevos parques eólicos. Podríamos haber prohibido más instalaciones eólicas, porque el viento es infinito pero no el territorio, pero descartamos esta opción porque entendemos que es necesario, pero queremos que esa energía vaya a nuestras industrias y permita abaratar la energía. Lo hemos hecho también con los minerales o los recursos forestales.
Las compañías consideran inconstitucional que se obligue a repercutir en Galicia parte de lo que se produce por usar sus recursos naturales.
De ninguna manera, es una medida que ya se utilizaba. Cataluña, Navarra o el País Vasco obligan incluso a entrar en el capital de una empresa, cosa que nosotros no hacemos, y esos promotores no han dicho nada. La mayor parte de las empresas ya hacen PPA con normalidad y es una medida que se tendría que adoptar a nivel nacional.
No se puede liderar una Ley de Industria donde se hable de la autonomía estratégica de las industrias sin mencionar la energía, y el precio es clave para ese desarrollo. Estamos haciendo lo que Pedro Sánchez no ha hecho. Tener una política económica implica que los recursos de España repercutan en España pero eso hay que articularlo.
Las empresas llegaron a pedir al Gobierno central intervenir para impedir su Plan ¿se ha puesto en contacto con ustedes el Ejecutivo de Sánchez?
No, de momento hemos tenido contactos. Las empresas reclamaron la vía de la inconstitucionalidad por parte del Gobierno central, nosotros hemos consultado con nuestros servicios jurídicos y el plan está muy trabajado. Se entendería mal que Sánchez anuncie una norma que lidera el PSOE y, por otro lado, impugne una norma que aplica esos principios o que está alineada con la Comisión Europea. La medida pretende apoyar la competitividad de la industria española y el abaratamiento de la luz de los ciudadanos, encarecida en gran parte por los peajes que pagamos todos los ciudadanos.
¿Qué plazo manejan para que el Plan esté aplicado en su totalidad?
Teniendo en cuenta los molinos que cumplirán 25 años en los próximos 5 años, más otros 3 años de tramitación, hablamos de unos 8 años. Si algunos, o todos, se acogen a la prórroga para cumplir 30 años de antigüedad, serían unos 10 años. Pero cada año cumplen 25 años de antigüedad un grupo determinado de parques eólicos, por lo que se irán desinstalando poco a poco.
¿Va a haber merma de ingresos para los municipios que acogen estas instalaciones?
Estamos estudiando cómo evitar que eso ocurra, porque aparte del abaratamiento, hay que conservar esos ingresos. Y, por otro lado, si las nuevas máquinas generan más energía, nosotros no ponemos límite a la repotenciación, pero hay problemas que dependen del Gobierno central: que exista capacidad de evacuación.
Tenemos un sistema de transporte eléctrico antiguo, es fundamental que Red Eléctrica, tutelada por el ministerio de Transición Ecológica, proceda a hacer más inversiones para que los parques puedan evacuar toda la energía que producen. Ahora ya hay parques que producen energía que no pueden evacuar. La política de las energías renovables debe estar conectada con la parte industrial y la eléctrica. Si no somos capaces de evacuar la energía que producimos, esto es absurdo.
Como consejera de Economía, me gustaría preguntarle también por el acuerdo suscrito entre Galicia y Aragón de cara a la reunión del CPFF. Piden que se tenga en cuenta la despoblación o dispersión. ¿Qué esperan de esa cita?
Nuestra postura es clara: hay que llevar a cabo un nuevo sistema de financiación, teniendo en cuenta las peculiaridades de cada territorio, porque la condonación de la deuda no soluciona el problema. Defendemos que se mantenga el principio de solidaridad, el Estado Autonómico funciona gracias también a eso, y se tienen que tener en cuenta que en Galicia, por ejemplo, el coste de dependencia es mayor. No queremos perjudicar a ninguna comunidad pero tenemos que también defender nuestras necesidades. Nosotros hicimos un esfuerzo enorme por controlar la deuda y eso repercutió en no poder hacer inversiones, no como otras comunidades.
Se refiere a Cataluña...
Sí, obviamente.
¿Hay riesgo de que el PP acuda dividido al CPFF?
La defensa de la Constitución y el Estado de derecho lo tienen claro todos los presidentes autonómicos, luego lo demás se puede negociar. La clave y la insignia del PP es que defendemos las instituciones y principios democráticos, y de ahí no va a salirse nadie.
