La Comisión Europea analiza el llamado "Gran Hermano" que el ministro del Interior, Fernando Grande- Marlaska, ordenó poner en marcha el pasado mes de diciembre para el sector turístico, y que consiste en recabar todo tipo de datos personales para poder hospedarse, incluido parentesco o información bancaria. En respuesta a una pregunta formulada por la portavoz del PPE, Dolors Montserrat, asegura que "lo está evaluando a la luz de la legislación de la Unión Europea en materia de protección de datos".
El comisario de Justicia, Michael McGrath, reconoce en su escrito, de hecho, que el objetivo de la Comisión es el contrario al que provoca la norma de Marlaska, ya que Bruselas pretende reducir la carga administrativa del sector turístico un 25%, no aumentarlo, especialmente para las pymes. "La Comisión pretende reducir en términos generales la carga administrativa y aportar simplificación", asegura.
El PPE advierte a Marlaska
Montserrat ha advertido de que "no vamos a permitir que Sánchez invada la vida privada de los ciudadanos porque atenta contra la libertad individual y contra la normativa de protección de datos. Este GH no es más seguridad es más control y vamos a llegar hasta el final en Europa denunciando esta obsesión del gobierno por controlarlo todo".
La eurodiputada del PPE, Rosa Estarás, recuerda que "en las Islas Baleares se está viviendo con especial preocupación esta vulneración de las leyes protección de datos, por eso nos parece importante que la Comisión Europea analice la nueva normativa. "Debemos lograr que el Ministerio del Interior recule y suspenda el nuevo registro de turistas porque este fomentará un sector esencial en productividad y creación de puestos de trabajo", ha añadido.
El PPE lleva meses denunciando, a través de su portavoz, la propuesta de Marlaska, especialmente criticada por el sector turístico, ya que se ven obligado a recabar hasta 43 datos personales, muchos de ellos sensibles, de índole parental y financiero, de todos sus clientes, conllevando infracciones graves de hasta 43.000 euros. "España no puede legislar en contra de lo que marca la Comisión Europea y mucho menos abrir una crisis en el sector turístico, uno de los pilares fundamentales de nuestra economía", aseguran desde el partido.