El Gobierno sigue sin destinar fondos para las personas que sufren ELA, a pesar de que el Congreso aprobó el pasado 23 de octubre, con el respaldo de todos los grupos, la Ley que tiene por objetivo facilitar ayudas a los afectados por esta enfermedad. El PP en Senado denuncia que Pedro Sánchez se escuda en la ausencia de Presupuestos Generales del Estado para no facilitar este dinero, cuando puede aprobar partidas extraordinarias, como recoge la propia norma.
Por ello, la portavoz del partido en la Cámara Alta, Alicia García, ha registrado una propuesta en la que insta al Ejecutivo a dar cobertura a los enfermos de ELA, especialmente cuando se trata de personas con una esperanza de vida mermada por esta dolencia, y que se ven especialmente perjudicados por cualquier tipo de demora en la aplicación de una ley que busca asegurarles un trato digno, respetuoso y adecuado. A esta iniciativa se suma la petición registrada por el portavoz parlamentario, Miguel Tellado, para que la ministra de Sanidad, Mónica García, comparezca en la comisión de Sanidad del Congreso y dé explicaciones por esta demora.
Esta Ley regula el reconocimiento de la situación de discapacidad, el procedimiento de urgencia para la revisión del grado de discapacidad, el procedimiento para la calificación y revisión del grado de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema, entre otras cuestiones que buscan dar una mayor calidad de vida a los afectados.
También contempla la integración en el Instituto de Salud Carlos III de una estructura que incluirá programas de investigación en ELA que tenga como objeto el fomento de la investigación, el desarrollo, la innovación y la divulgación y prestación de servicios documentales sobre la propia ELA, para mejorar el diagnóstico y su tratamiento, así como la creación del Registro Estatal de Enfermedades Neurodegenerativas.
La Ley tiene la finalidad de garantizar derechos esenciales como el acceso a ayudas económicas, la provisión de servicios especializados y la investigación de una enfermedad que afecta a miles de personas en España. Pero, para que pueda ser aplicada, el PP advierte de que "urge que desde el Gobierno de España se garantice la dotación presupuestaria necesaria, como vienen reclamando las asociaciones y organizaciones de afectados y familiares".
Según el "estudio de costes de la ELA para las familias en España" elaborado por la Fundación Luzón, los costes que asumen las familias oscilan entre 184 y 230 millones de euros. Con independencia de que se aprueben o no los PGE para 2025, el Gobierno cuenta con los mecanismos necesarios para poder establecer partidas extraordinarias que la doten económicamente.
Tres meses después de que el Congreso le diera luz verde, la financiación sigue sin llegar, por ello, el PP ha registrado una moción en el Senado para instar al Gobierno a no dejar desamparados a los enfermos de ELA y a garantizar, sin más demora, la dotación presupuestaria que resulte necesaria para asegurar la implementación total de todos los avances contemplados en la Ley; y ha pedido que la ministra del ramo dé explicaciones en el Congreso.