García Ortiz admitió en el Senado que, para él "lo más cómodo sería dimitir", pero que se va a seguir aferrando al cargo porque, si renunciase, "estaría haciendo una concesión a los delincuentes", en referencia a González Amador, investigado por un presunto delito de fraude fiscal. Enmarcaba estos barridos de información en una normativa de protección de datos del Consejo de Europa porque "es custodio de esa información". "No se pueden imaginar los datos que tiene un Fiscal General", añadía a la par que preguntaba a los senadores si les gustaría que tuviera en su terminal "algunos datos de ustedes, familiares y se filtraran. Creo que soy custodio de toda esa información.
Tras admitir que su libertad de expresión "se encuentra bastante limitada" y que "es un jurista" y "no un parlamentario", García Ortiz lamentaba que sea "demasiado fácil" que le vea "como un sujeto sospechoso". "Es fácil meterse con el fiscal, hasta un niño de cuatro años podría hacerlo", terciaba a la vez que se defendía de las acusaciones de ser el fiscal de cabecera del presidente. "Es una legítima designación del Gobierno y lo es desde el año 81", añadía.