Tras salir a la luz el escándalo de su polémico chalet en Perú, José Luis Ábalos se justificó asegurando que, en realidad, dicho edificio no era más que un centro social polivalente que la Fundación Internacional para el Desarrollo Local y Social (Fiadelso) — impulsada por él mismo en los años 90— construyó para dotar al municipio de Chimbote de un centro social polivalente. "El problema es que la fundación no tiene personalidad jurídica reconocida en Perú y, por lo tanto, la cesión se hizo a nombre mío como presidente", se justificaba hace unos días en el programa de Ana Rosa, donde no logró explicar, sin embargo, por qué después de 30 años no se había molestado en revertir esta situación.
La realidad es que la famosa ONG, cuya finalidad, según sus estatutos, es sensibilizar sobre los problemas que afectan a los países en vías de desarrollo y apoyarlos en el diseño, la ejecución y la financiación de los programas que se consideren prioritarios, se ha visto envuelta en la polémica desde su creación. Para empezar, porque Ábalos la creó en 1992, después de tres años al frente del Programa de Cooperación Internacional de la Generalitat Valenciana, presidida por el socialista Joan Lerma, y durante años se nutrió de jugosas subvenciones públicas cercanas a los 5 millones de euros.
Pero, además, porque, tal y como en 2023 constató la Agencia Valenciana Antifraude, Fiadelso ha incumplido en numerosos ejercicios sus obligaciones legales al no presentar sus cuentas, lo que "evidencia que los patronos no han desempeñado el cargo con la diligencia de un representante leal".
Ni cuentas ni planes de actuación
El informe en cuestión concluía que la ONG de Ábalos "ha incumplido todos los plazos previstos en la legislación vigente y en lo estipulado en los propios estatutos fundacionales" en relación con la rendición de las cuentas correspondientes a los años comprendidos entre 1993 y 1999 y entre 2011 y 2022.
Según constataba Antifraude tras recibir una alerta en su buzón de denuncias, las cuentas de la fundación correspondientes a los ejercicios que van de 1993 a 1995, de 1997 a 1999 y de 2011 a 2014 "fueron aprobadas por el Patronato de la fundación, pero no están depositadas en el Registro de Fundaciones". Las de 1996, así como las relativas a los ejercicios de entre 2016 y 2020, ni siquiera consta que fueran aprobadas.
Por otro lado, la Agencia recuerda que "a tenor de lo preceptuado en el artículo 21.8 de la Ley de Fundaciones de la Comunidad Valenciana", el Patronato debe elaborar y remitir al Protectorado de Fundaciones, en los últimos tres meses de cada ejercicio, un Plan de Actuación, en el que se reflejen los objetivos y las actividades que se prevea desarrollar durante el ejercicio económico siguiente". Sin embargo, de las investigaciones realizadas se desprende que "la fundación FIADELSO, desde 2012, dejó de presentar al Protectorado los Planes de Actuación".
Caso omiso a los requerimientos
En 2020, Antifraude efectuó su primer requerimiento de información a la Consejería de Justicia y fue entonces cuando esta se dirigió a la mencionada ONG concediéndole un plazo de 15 días para que regularizase la situación de la entidad. Su presidente manifestó entonces su voluntad de proceder a la extinción de la fundación, indicando que en breve remitiría la documentación solicitada. Sin embargo, nunca lo hizo, por lo que el Gobierno de Ximo Puig inició los trámites para solicitar a la justicia que declarara extinta la fundación.
En marzo de 2023, la Generalitad Valenciana acordaría así inscribir en el Registro de Fundaciones la declaración judicial de extinción y la apertura del procedimiento de liquidación por sentencia. Sin embargo, Antifraude le reprocha no haber actuado antes a través de la acción fiscalizadora que debería haber ejercido el Protectorado de Fundaciones.
La responsabilidad de la Comunidad Valenciana
"Las fundaciones tienen una faceta privada, en la medida en que nacen por voluntad de una persona, física o jurídica, que libremente decide desprenderse de bienes propios a favor de la entidad que va a constituir, pero que junto a ella existe una faceta pública, ya que las fundaciones persiguen fines de interés general, lo que justifica la intervención de los poderes públicos, que en beneficio de la entidad destinataria de esos bienes deber· supervisar el correcto funcionamiento de la fundación", explica la Agencia.
"Consecuentemente —concluye el informe publicado en la última etapa de Ximo Puig—, en el escenario de inactividad continuada de la fundación FIADELSO, con respecto a la falta de rendición de cuentas anuales, presentación de los preceptivos planes de actuación e inatención de requerimientos, que evidenciaban ya las dificultades de la fundación para realizar su fin, el Protectorado de la GV debió hacer uso de los distintos cauces jurídicos que prevé la normativa de fundaciones".
Su falta de actuación tiene importantes consecuencias, ya que, aunque existe la posibilidad de ejercitar estas acciones con posterioridad, "las responsabilidades podrían acabar prescribiendo para todos o para alguno de los miembros del Patronato". No en vano, hasta la fecha no ha trascendido ninguna actuación contra los mismos, pese a los reiterados incumplimientos de la legalidad señalados abiertamente por la Agencia Antifraude.