
Pocas personas tienen un acceso tan directo a Pedro Sánchez y a Puigdemont como José Luis Rodríguez Zapatero. El expresidente no sólo habla con ambos sino que se conecta de forma telemática a muchas de las reuniones que se celebran en Waterloo. De ahí que sus palabras este sábado en un mitin del PSOE sentasen como un bálsamo a muchos en el seno del partido y del Gobierno. "La legislatura va a durar hasta 2027, estad tranquilos", auguró.
No habían ni pasado 48 horas cuando Junts anunció que retiraba la proposición no de ley para que se debatiese una cuestión de confianza. La euforia, entonces, se desataba en Ferraz que prometían "negociación y acuerdos" para "seguir avanzando en esta legislatura". El gran escollo sigue siendo un acuerdo sobre las competencias sobre inmigración aunque ambas partes van admitiendo avances. Hasta ahora, el gran problema seguía siendo el control de fronteras para ver cómo la Policía Nacional puede ir delegando en los Mossos.
Lo que parece más complicado es sacar adelante los Presupuestos y en el Gobierno cada vez son más voces que creen que, entrado ya el mes de marzo, no tiene sentido meterse en una negociación dura que les desgaste aún más. De ahí que apuesten porque, lo más adecuado, sea continuar en la prórroga y ya tratar de sacar los de 2026.
La deuda, guiño a ERC
Otro de los acuerdos con sello catalán era el de la quita de la deuda. Junqueras se anticipaba al Gobierno y anunciaba la condonación de 17.104 millones de deuda de la Generalidad, lo que corresponde a un 22% de la deuda que esta región tiene con el Fondo de Liquidez Autonómica. Más tarde, Hacienda trataba de disimular la cesión y anunciaba que asumirán 83.252 millones de euros de deuda de las CCAA. Una forma de intentar contentar a todos aunque Cataluña es la más beneficiada al llevarse el 22% del total.
En Moncloa aseguran que con esta medida "todas las comunidades ganan" . Queda por ver ahora el mecanismo y el detalle que se conocerá en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de este miércoles. Aunque fuentes del Ejecutivo auguran que con estas medidas, las comunidades "sanearán sus cuentas, mejorarán su posición financiera y las condiciones de acceso a los mercados".

