Desde este jueves y hasta el próximo viernes 14 de marzo, los ciudadanos que así lo deseen podrán presentar alegaciones a la última maniobra del Gobierno para tratar de amedrentar a la prensa. Se trata del anteproyecto de ley para la Mejora de la Gobernanza Democrática en Servicios Digitales y Medios de Comunicación, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 25 de febrero y que hoy mismo entra en fase de audiencia e información pública.
Para empezar, el Gobierno prevé imponer multas de entre 100.000 y 750.000 euros para aquellos medios que incumplan la obligación de inscribirse en el nuevo registro estatal, dependiente de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC). Según dicho anteproyecto, el incumplimiento de esta obligación será considerado una infracción grave, como también lo será no hacer "accesible, de forma sencilla y directa" y no mantener actualizada la información relativa a su estructura de propiedad y los ingresos derivados de la asignación de publicidad institucional, algo que ya adelantó la semana pasada Libertad Digital. Sin embargo, lo que conocemos ahora es el detalle de las multas a las que se enfrentarán los medios.
En el caso de la prensa escrita y las radios de ámbito estatal, las multas serán de hasta 100.000 euros. Para las televisiones, el anteproyecto establece diferentes sanciones en función de sus ingresos: hasta 30.000 euros para las que facturen menos de dos millones; hasta 150.000 euros para las que tengan ingresos de hasta 10 millones de euros; de hasta 300.000 euros, para las que ingresen entre 10 y 50 millones; y de hasta un máximo de 750.000 euros para las televisiones con una facturación igual o superior a 50 millones de euros.
Concentración de medios
Además, el anteproyecto de ley también considera una infracción "muy grave" determinadas operaciones de concentración en el mercado de los medios de comunicación, aunque será la CNMC la que tendrá que evaluar el "impacto sobre el pluralismo mediático" que puedan tener.
En el caso de las sanciones para la prensa y las radios, las multas por concentración pueden alcanzar los 200.000 euros. Para las televisiones, estas multas se vuelven a establecer en función de sus ingresos, partiendo de los 60.000 euros para aquellas con ingresos inferiores a dos millones de euros y aumentando progresivamente hasta alcanzar un máximo de 1,5 millones para las televisiones con ingresos iguales o superiores a 50 millones de euros al año.
Independencia editorial
Por otro lado, el Ejecutivo también contempla sanciones encaminadas supuestamente a garantizar la independencia de las decisiones editoriales. Según el anteproyecto, los medios tendrán que demostrar que dichas decisiones puedan tomarse libremente dentro de la línea editorial que siga el prestador de servicios de medios de comunicación de que se trate. Aunque el texto no deja claro cómo se garantizará este aspecto, lo que sí especifica son las multas a las que se enfrentan por incurrir en lo que, en todo caso, el Gobierno considera una infracción leve.
Así, las sanciones podrían alcanzar hasta 50.000 euros para las radios y la prensa, mientras que, en el caso de las televisiones, oscilarán entre los 10.000 euros para las que cuenten con ingresos inferiores a dos millones de euros y los 150.000 euros para las televisiones con ingresos iguales o superiores a 50 millones de euros.
Proveedores de audiencias y servicios
Capítulo aparte merece el apartado relativo a los proveedores de sistemas de medición de la audiencia que, según el anteproyecto de ley, tendrán que garantizar que sus sistemas y metodología cumplen los "principios de transparencia, imparcialidad, inclusividad, proporcionalidad, no discriminación, comparabilidad y verificabilidad". De no hacerlo, se enfrentan a multas por infracción grave de hasta 100.000 euros.
Respecto a los proveedores de servicios digitales (plataformas y buscadores), el Gobierno prevé sanciones máximas de hasta el 6% del volumen de negocio mundial anual por infracciones relacionadas con la publicidad basada en categorías especiales de datos o el perfilado de menores, multas que, en último término, dependerán en este caso de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).