El Partido Popular ha registrado en el Congreso la petición de comparecencia urgente del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de baja por enfermedad coincidiendo con el pacto que el PSOE firmó con Junts para ceder el control de fronteras a Cataluña, sobre el que todavía no se ha pronunciado. Además solicitan que acudan a la Comisión de Interior la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y el director de la Policía, Francisco Pardo.
La formación de Alberto Núñez Feijóo denuncia en su escrito que esta "delegación de competencias", como la denomina el Gobierno, vulnera la Constitución que recoge que se trata de una potestad exclusiva del Estado. El PP no descarta llevarlo a los tribunales por este motivo.
Un acuerdo "racista"
El pacto permite, además, que Cataluña exija el conocimiento del catalán para la concesión de permisos de residencia, pudiendo incluso expulsar a extranjeros por este motivo, al igual que a españoles de fuera de la Comunidad, dado que el acuerdo alcanzado les concede el mismo estatus que a los inmigrantes procedentes de fuera del país.
El acuerdo cuenta con el rechazo de Podemos y parte de Sumar por considerarlo "xenófobo", por lo que no hay garantías de que pueda salir adelante en el Congreso, donde, si nada cambia, se tumbaría, como ocurrió con el acuerdo que el PSOE firmó con los de Ione Belarra para el impuesto a las energéticas, que se echó para atrás porque no contaba con el visto bueno de los separatistas.
Al margen de la cuestión ideológica, los morados podrían devolverle la jugada a Junts con su rechazo a este acuerdo, que ha sido acogido también con reticencias en sectores del PSOE, como el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page, que lo ha tildado de "racista", lo que pone en apuros al Gobierno ya que merma su capacidad de crítica a la "ultraderecha" en un asunto capital para la izquierda como es la inmigración.
Feijóo ha alertado esta semana de que esta cesión es la más grave de las que se han llevado a cabo hasta ahora, puesto que pone en riesgo la seguridad nacional y vulnera acuerdos europeos. El PP ha prometido recuperar estas competencias cuando llegue al Gobierno y avanza en su ofensiva política y judicial para intentar ponerle freno.