El traspaso de Rodalies a Cataluña ya ha empezado a hacerse efectivo en este primer trimestre del año. El Plan, que concluirá a finales de año con la creación de una empresa participada por el gobierno catalán y el central, con mayoría del primero, arranca con la línea R1 que conecta Barcelona con Massanet-Massanas, en Gerona. Y lo hace con infinidad de dificultades todavía sin resolver y todo tipo de dudas de carácter técnico y económico, además de incógnitas sobre el futuro del personal de Renfe-Adif, que pasará ahora a depender de una empresa catalana.
En medio de este caos, que puede traer graves consecuencias para la red ferroviaria en Cataluña y, por tanto, para el resto de España, el Partido Popular ha emprendido una ofensiva parlamentaria para que el ministro de Transportes, Óscar Puente, dé explicaciones sobre este proyecto de gran envergadura, que se lleva a cabo en cumplimiento de los acuerdos PSOE-ERC para pagar a los separatistas por su apoyo a Pedro Sánchez.
El PP pide la comparecencia de Puente en Comisión por este motivo, y para que dé cuenta de las incidencias registradas en la red ferroviaria en toda España, y en especial en Cataluña, recordado que el Congreso ya reclamó el pasado año un plan de choque para evitar el caos que se vivió pleno período estival, sin que haya sido todavía ejecutado.
El grupo parlamentario de Miguel Tellado ha registrado, además, una batería de preguntas para que el Gobierno aclare varias cuestiones sobre el traspaso de Rodalies. La lista de interrogantes, que supera la veintena, pide conocer en primer lugar qué va a ocurrir con los empleados de la compañía pública, en especial aquellos pendientes de un traspaso a otros lugares de España.
Los trabajadores
"¿Qué consecuencias tendrá el traspaso de competencias para los trabajadores?"; ¿se garantiza el mantenimiento de sus condiciones laborales y su movilidad?; ¿cómo se va a gestionar la posible transferencia de personal a la Generalitat?; ¿se respetará su derecho a permanecer en Renfe si lo desean?; ¿existe algún plan de recolocación?", son algunas de las preguntas registradas.
El partido también pide conocer "¿cómo afectará la falta de un contrato-programa actualizado a sus condiciones de trabajo?; ¿qué garantías tienen sobre el mantenimiento de sus puestos de trabajo?; ¿se ha evaluado el posible impacto de esta situación en las futuras contrataciones y en la falta de personal que ya afecta a algunos servicios de Renfe y Adif?".
Las consecuencias económicas
Al margen de los empleados, transferir la gestión de los Rodalies tiene otras implicaciones, especialmente de carácter económico, dado que el Estado sería el que tendría que seguir abonando la mayor parte de la inversión y Cataluña decidirá después cómo repartir esos fondos, cuyo control pasa a depender del gobierno catalán. De ahí que el PP reclame al Gobierno respuestas sobre:
"¿Cómo se coordina el plan de choque de Renfe y Adif con el proceso de transferencias a la Generalitat?; ¿no supone un riesgo de duplicidad en la inversión pública?; ¿se ha definido quién asumirá la inversión a largo plazo en la red de Cercanías catalana tras la transferencia de competencias?; ¿qué mecanismos de control existen para evitar que las inversiones actuales de Renfe y Adif en Cataluña sean luego compensadas con financiación adicional a la Generalitat?".
El PP también pregunta "¿qué estrategias se están considerando para hacer competitivo el ferrocarril?; ¿qué impacto ha tenido la liberalización del mercado ferroviario?; "¿se ha explorado la posibilidad de alianzas con operadores privados para recuperar cuota de mercado? ¿cómo afecta la falta de infraestructuras adecuadas a la competitividad del ferrocarril de mercancías en España?", entre otras cuestiones relacionadas con la competitividad de Renfe Mercancías.
Las consecuencias en Europa
Para poder cumplir con los compromisos que Sánchez ha adquirido con ERC, la línea R1 ha sido excluida de la red de interés general, de modo que su competencia pueda ser transferida, lo que podría acarrear graves consecuencias de cara a Europa, de ahí que los de Feijóo pidan saber "¿qué razone lo justifican cuando ha recibido financiación europea?; ¿existe un análisis de las consecuencias legales y económicas de una posible sanción europea?; ¿cómo afecta a la movilidad de los ciudadanos y a la descarbonización del transporte en Cataluña?". En total, más de 20 preguntas para que el Gobierno dé explicaciones sobre esta decisión de gran calado.