El Gobierno ha recurrido este martes a varias tergiversaciones o mentiras para eludir su responsabilidad de presentar los Presupuestos Generales. La primera de ellas fue cuando a la ministra portavoz, Pilar Alegría, le preguntaron si se está saltando la Constitución al no acudir al Parlamento.
La Carta Magna es muy clara al respecto y en el artículo 134.3 dispone que el Ejecutivo "deberá presentar ante el Congreso de los Diputados" las cuentas. Una obligación que Alegría ha reinterpretado al asegurar que "la obligación y en lo que estamos inmersos es en ese trabajo con el resto de fuerzas parlamentarias". Como si el precepto constitucional hablase de la negociación presupuestaria y no de presentar de forma obligatoria las cuentas.
Para Alegría lo más importante es "llevarlo de manera acordada" para "no hacer perder el tiempo al Congreso y los ciudadanos". Aunque lo cierto es que hay Gobiernos que presentaron los Presupuestos sin tener los apoyos cerrados y luego, en el trámite parlamentario y en las comisiones, introdujeron enmiendas para satisfacer a sus socios.
Así pasó, por ejemplo, durante las últimas cuentas aprobadas en 2022 para el ejercicio del 2023. El único pacto existente era entre PSOE y Unidas Podemos. Más tarde, se añadieron enmiendas para contentar a partidos como Bildu, PNV o ERC. Incluso en el año 2015, las últimas de Mariano Rajoy, el PNV no desveló su sentido del voto hasta el final de la negociación parlamentaria. Fuentes del Ejecutivo renuncian a esta estrategia tradicional de negociación porque "antes no existían vetos cruzados"
La segunda mentira vino también de la mano de Alegría y la replicó el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, al asegurar que la actual prórroga presupuestaria "deviene (sic) de unos Presupuestos aprobados por este Gobierno". Lo cierto es que las cuentas de 2023, aprobadas en 2022, fueron elaboradas por el PSOE con Unidas Podemos. Una coalición que ya no existe y que fue relevada por Sumar, mientras que los morados están en el grupo mixto. La correlación de fuerzas del socio minoritario ha cambiado al eliminar a Podemos y añadir ministerios para otras formaciones como Más Madrid (Mónica García, Sanidad). Tampoco las alianzas parlamentarias eran las mismas ya que en la anterior legislatura no se dependía de Junts.
La tercera inexactitud vino de la mano de Bolaños al querer comparar la situación de Sánchez con "lo que pasa en tantas comunidades autónomas, a nivel regional". Una alusión que iba por ejecutivos autonómicos del PP como Murcia, Extremadura o Aragón que están en prórroga presupuestaria. Lo cierto es que estos casos son diferentes ya que sí aprobaron las primeras cuentas de su legislatura, las de 2024. En el caso de Sánchez, se comenzó el nuevo mandato prorrogando las cuentas de 2023 para el 2024 y en esta ocasión se mantiene ese supuesto para el 2025.
¿Inconstitucional?
Como ya adelantó Libertad Digital, el Gobierno podría estar incumpliendo la constitución al saltarse la obligación de presentar los PGE . Esto se regula en el artículo 134.4 donde se afirma que el Ejecutivo "deberá presentar ante el Congreso de los Diputados" las cuentas y le pone como plazo hasta "al menos tres meses antes de la expiración del año anterior".
A partir de ahí, se regula la prórroga si no se consiguen los apoyos parlamentarios. La decisión de Sánchez de renunciar a presentarlos, para evitar sendas derrotas en el primer año de legislatura y ahora en el segundo, es un hecho inusual y no hay precedentes.
Varios juristas consultados por Libertad Digital consideran que es una "obligación presentarlos" y que la "única excepción" fue la de 2020, en plena pandemia, y que se justificó "porque la Cámara estaba disuelta". Algo que esta vez el Ejecutivo no puede alegar.
"En todos los casos se han presentado, sea dentro de plazo o fuera de plazo, es decir, con presupuesto prorrogado", sentencian fuentes jurídicas expertas en derecho constitucional que recalcan que "la omisión de presentación es más grave que saltarse el plazo".
Algunos incluso plantean que se podría "cuestionar la prórroga automática" al no haberse celebrado previamente un debate parlamentario sobre las cuentas. De hecho, entienden que prorrogar las cuentas "es un efecto si no se aprueban" pero que "no afecta a la obligación de presentarlos". Incluso establecen un paralelismo con otros países. Un ejemplo es Estados Unidos donde, si no hay prórroga, se cancelan todas las autorizaciones de gasto, y que recibe el alegórico nombre de "cierre de Gobierno".