Montero blindó al principal imputado del caso Aznalcóllar y lo hizo director de la SEPI antes del rescate de Air Europa

Vicente Cecilio Fernández Guerrero está imputado y procesado ante la Audiencia Provincial de Sevilla por una adjudicación con indicios penales de un tamaño descomunal. Se trata de la vuelta a la explotación de la mina de Aznalcollar, un negocio con una facturación potencial de 18.000 millones de euros. Fernández Guerrero era el responsable de la licitación en la misma Junta de Andalucía en la que, por aquellas fechas, María Jesús Montero era consejera socialista de Susana Díaz.

La licitación ha acabado en juicio por la extraña forma de apartar a una empresa canadiense que aspiraba a hacer con la explotación. Se la arrinconó pese a contar con un banco de inversión detrás y hasta el respaldo de la Embajada de Canadá. Y se acabó concediendo el inmenso negocio a una empresa recién creada, por lo tanto, sin experiencia, 3.000 euros de capital social y conversaciones acreditadas judicialmente con el citado Fernández Guerrero.

Para cerrar el círculo, Montero, a su llegada al Gobierno de Pedro Sánchez, defendió el nombramiento del citado político como presidente de la SEPI –organismo dependiente de ella–, lo nombró efectivamente y, tras ser imputado y tener que prescindir de él en este cargo, dejó su silla vacía y el cargo suplantado por el segundo –Bartolomé Lora– porque se negaba a renunciar a Fernández Guerrero. Y todo ello, para colmo, justo antes del periodo en el que se realizaron los grandes recates de la SEPI –el más conocido de ellos, el de Air Europa–.

La historia de preferencia de Montero por Fernández Guerrero cuenta con todo un listado de pruebas. Pero la más evidente es la mencionada reserva de la silla de la presidencia de la SEPI, hasta tras su imputación.

El "macrojuicio" por la concesión de la mina de Aznalcóllar

La Audiencia de Sevilla acaba de dar el banderazo de salida a un macrojuicio por posibles delitos en la adjudicación de los derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar. El principal acusado es, efectivamente, Vicente Cecilio Fernández Guerrero, el que fuera responsable de la licitación en la Junta socialista de Andalucía y que, más tarde, pasó a ser elegido por María Jesús Montero como presidente de la SEPI. Él está acusado de prevaricación en una adjudicación de 18.000 millones de potencial explotación minera y Montero no sólo lo defendió a capa y espada, sino que se negó a renunciar a él en la presidencia de la SEPI mientras se tramitaba el rescate de Air Europa.

Guerrero fue elevado a la presidencia de la SEPI por Pedro Sánchez y Montero entre junio de 2018 y octubre de 2019. Y ello pese a que un auto de la Audiencia Provincial de Sevilla del 26 de septiembre de 2019 estimó "íntegramente el recurso de apelación formulado por la representación de Emérita Resources España SLU […] ordenando que se reciba declaración en calidad de investigados a don Isidro y a don Mario López Magdaleno, a don Vicente Cecilio Fernández si aún no se le hubiere recibido, y que por la Junta de Andalucía se informe a través de la UCO de los cargos que ostentaban los miembros de la Mesa de Contratación y la Comisión Técnica tres meses antes de comenzar el procedimiento de licitación y los puestos que desempeñaron tras el mismo […], siendo aconsejable que se practique la misma diligencia respecto del que fuera el Secretario de la Consejería de Innovación D. Vicente Cecilio Fernández Guerrero, debiendo practicarse cualquier otra diligencia de interés para el esclarecimiento de los hechos, con declaración de oficio de las costas causadas".

Y es que el escándalo afectó a una gran licitación convocada en 2013, bajo mandato de la Junta socialista de Andalucía en la que Montero era consejera. El Gobierno regional decidió adjudicar la explotación de la vieja mina, pasado ya el escándalo del desbordamiento de la bolsa de tóxicos de Boliden. Acudió una empresa canadiense: Emerita, con el aval de la Embajada de Canadá y del banco de inversión de ese mismo país Forbes & Manhattan, con un respaldo a su vez de 3.000 millones en proyectos mineros.

La empresa Minorbis

Nadie más acudió hasta que apareció otra empresa: Minorbis. El concurso tuvo dos fases: la fase previa que se extendió hasta abril de 2014. En esa fase se debía evaluar la solvencia económica de los licitadores. Y la fase final, que duró hasta diciembre de 2014, en la que se tenía que evaluar la solvencia técnica de las propuestas. En marzo de ese mismo año, apenas un mes antes de finalizar la primera fase del concurso, se constituyó la sociedad Minorbis con 3.000 euros de capital social. Experiencia, obviamente, cero, puesto que acababa de nacer. Pero Minorbis se presentó con un «acuerdo de pláticas» con Grupo México, que no se presentó al concurso. Las pláticas, además, incluían expresamente un acuerdo: el de poder rescindir ese acuerdo en cualquier momento, algo dudosamente evaluable al no garantizar un compromiso futuro de respaldo de la oferta.

Pese a todo ello, Minorbis ganó la licitación de la Junta de Andalucía. Y Emérita se quedaba sin sus opciones, pese estar en la actualidad entre las 50 mayores sociedades de la Bolsa de Toronto.

Emérita recurrió a la Justicia. La Fiscalía pidió el archivo. Pero la Audiencia ha seguido por, entre otras cosas, "los correos electrónicos entre D.Vicente Fernández Guerrero y los representantes de Magtel , expuestos y analizados en el informe de la UCO". "De ellos se desprende una excelente relación personal entre ambas partes mediante correos recíprocos enviados y contestados inclusive en sábados y domingos a horas intempestivas, donde se expondría la solicitud por parte de representantes de Magtel a D.Vicente Fernández de su intermediación en asuntos administrativos para los proyectos empresariales de la citada empresa, ofreciéndole la misma el referido Secretario de la Consejería, inclusive a través de sus personas de contacto en la Administración, e incluso aviniéndose provisoriamente a la solicitud de Magtel de unificar las ordenanzas municipales de los Ayuntamientos para sus proyectos".

19 años de cárcel

Magtel era la empresa vinculada a los impulsores de Minorbis. Y el Gobierno de Susana Díaz adjudicó el concurso de los derechos mineros de la zona Aznalcóllar a la empresa Minorbis, que había sido recién creada por los hermanos López Magdaleno, dueños de la empresa Magtel.

Vicente Fernández Guerrero se enfrenta a una petición de cárcel de 19 años, junto a una inhabilitación de 60 años y una multa de dos millones de euros por su papel en esta explotación minera adjudicada en 2013 a la agrupación empresarial México Minorbis cuando era secretario general de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo.