Hasta que la corrupción del Gobierno y la pausa decretada por Donald Trump a los aranceles se llevaron por delante toda la actualidad política, la semana venía marcada por la posibilidad de que PP y PSOE alcanzaran su primer acuerdo de Estado para hacer frente a la guerra comercial de EEUU. Al margen de la renovación del CGPJ, sería el primer gran pacto de la legislatura entre ambos partidos.
Sin embargo, Junts se interpuso para seguir marcando el paso de la política española y no perder influencia ni protagonismo. Cuando el Gobierno hablaba del "buen clima de entendimiento" y el PP valoraba como positivo el gesto de incluir dos propuestas suyas en el Decreto de ayudas económicas, Josep María Cruset irrumpía con una declaración en el patio del Congreso, sin preguntas, para anunciar un acuerdo con Pedro Sánchez que otorgaría a Cataluña el 25% de todas las ayudas prometidas para combatir los aranceles.
La declaración hacía estallar por los aires la buena voluntad mostrada hasta ese momento por los de Alberto Núñez Feijóo, en lo que el Ejecutivo considera una "excusa" para romper conversaciones. A esa manifestación le siguieron horas caóticas en las que no quedaba claro si seguía habiendo o no negociación. El PP envió un comunicado reaccionando casi de inmediato a las palabras de Cruset, dándose por "expulsado" de las conversaciones, aunque manifestaba su voluntad de "seguir descolgando el teléfono" y pedía conocer en detalle el pacto con Junts.
La reacción airada de los populares motivaba también la respuesta de miembros del Gobierno que tildaban de "sobreactuación" la postura del PP, al que acusaban de estar buscando un pretexto para levantarse de la mesa. Incluso terciaban que era una reacción a la comparecencia del diputado separatista, más que al Real Decreto, ya que la disposición adicional pactada con Junts se encontraba ya en el borrador que Economía remitió a Génova en la tarde del lunes, sin que se manifestasen en contra hasta ese momento. Algo que fuentes del PP niegan, asegurando que hubo dos versiones.
La desconfianza entre ambas partes era máxima, especialmente dados los antecedentes de la Ley Ómnibus, cuando Sánchez coló prebendas al PNV entre medidas sociales, o la transposición de una directiva europea que se utilizó para facilitar la salida de terroristas.
La "química" entre Cuerpo y Bravo
En medio del choque dialéctico entre Gobierno y PP que siguió a la declaración de Junts, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, optaba por la vía más rápida y llamaba a su interlocutor en el PP, el vicesecretario económico, Juan Bravo, para intentar aclararle lo ocurrido. Bravo no veía mal las explicaciones, a la espera de una declaración pública que tenía que producirse al día siguiente, durante la comparecencia del ministro en el Congreso.
Desde Moncloa asegura que "la química personal" entre Cuerpo y Bravo es lo que ha destensado las relaciones desde un principio. Que otros ministros, como Montero y Bolaños, hayan sido relevados de las negociaciones ha contribuido a crear un mejor clima con el PP aunque, al final, el ministro de Presidencia siguió monitorizando las conversaciones pese a que Cuerpo era el negociador.
En medio del caos, Alberto Núñez Feijóo fijaba posición desde Bruselas y, aunque elevaba el tono con el Gobierno y decía que el acuerdo "está más lejos", mantenía la mano tendida al seguir ofreciendo su plan a Pedro Sánchez para mejorar los 14.000 millones de euros prometidos, de los que apenas 400 son a fondo perdido, y la mitad pertenecen a medidas ya anunciadas con anterioridad.
"Nuestro plan sigue a disposición del Gobierno", decía, haciendo hincapié en la necesidad de que Sánchez acepte sus propuestas pero sin confirmar qué ocurrirá si Moncloa no cambia de postura. En el Gobierno aseguran que el Real Decreto se tramitará tal y como está. Tras la tensión de la tarde del martes, en la que Junts casi descarrila un acuerdo, el choque se ha rebajado en las últimas horas y en el Gobierno están convencidos en que, al final, el PP votará a favor o abstención.
Habrá que esperar unas tres semanas para comprobarlo. "Si votan no, sería un regalo", advierten fuentes del Ejecutivo que creen que contribuiría a su relato el ver al principal partido de la oposición votando en contra de un paquete de ayudas a las empresas afectadas por la subida de los aranceles de Trump, si es que al final se llegan a ejecutar.