El Partido Popular saldrá a la calle el próximo sábado 8 de junio bajo el lema "Mafia o democracia", en plena cascada de casos de corrupción del Gobierno, con la fontanera del PSOE Leire Díez en el centro de la polémica. Apenas 48 horas antes, Pedro Sánchez reúne a la Conferencia de Presidentes en Barcelona, donde aspira a ponerse el traje institucional para capear la tormenta. Una situación compleja para los de Alberto Núñez Feijóo en plena embestida contra el presidente.
La cita del próximo 6 de junio se anunció el mismo día que se conocía la imputación del hermano de Sánchez. Un intento fallido de desviar la atención, como ya ocurriera con la primera convocatoria que se celebró con el caso Begoña Gómez en plena ebullición. El presidente buscaba desviar el foco generando discordia entre los presidentes del PP al tentarles con la condonación de la deuda. No lo logró, pero durante varios días hizo girar la actualidad.
En esta ocasión, la cascada de casos de corrupción es tan arrolladora que ni siquiera una imagen tan poderosa como la de Pedro Sánchez reunido con las Comunidades Autónomas servirá de cortina de humo, aunque será difícil para el PP simular normalidad institucional en estos momentos, más aún cuando el domingo protestarán contra el Gobierno. Una manifestación en la que renunciarán a sus siglas para facilitar su transversalidad y que Vox no ponga excusas para ausentarse.
Ayuso podría dar plantón
La Comunidad de Madrid se plantea dar plantón a Sánchez el próximo viernes, como ya ocurriera el pasado año en la ronda de contactos que el presidente celebró en La Moncloa. Isabel Díaz Ayuso sí acudió a la Conferencia de Presidentes de Santander, pero esta vez deja en el aire su asistencia. Su portavoz, Miguel Ángel García Martín, alertó de que el presidente sólo quiere "una foto" para intentar "tapar sus casos de corrupción" y "ahí no encontrará a la Comunidad de Madrid", dijo, quejándose de la falta de acuerdo sobre la agenda.
Durante la reunión preparatoria de la Conferencia de Presidentes, las Comunidades Autónomas y el ministerio de Política Territorial, en manos de Ángel Víctor Torres, salieron sin lograr consensuar un orden del día. Pese a la duración del encuentro, de tres horas, es la primera vez en la que no hay un acuerdo al respecto, cuando apenas falta una semana para la cita.
El motivo de discordia
El Ejecutivo quería imponer la política de vivienda y la Formación Profesional, huyendo de las polémicas que cercan al Gobierno. Una técnica que ya ensayó en Santander cuando la cumbre sobre vivienda acabó sirviendo para plantear una quita de la deuda que camuflara las cesiones a ERC. Ahora, las comunidades del PP quieren incluir otros asuntos como el caos ferroviario, el apagón y la okupación. Además de hablar del sistema de financiación, que no quedó resuelto.
Las 11 regiones en manos del PP han pedido un cambio de formato para aumentar los tiempos de intervención y fomentar el debate, con el objetivo de que no se quede en una mera foto. Quieren evitar la experiencia del último encuentro, que se convirtió en un "monólogo" del presidente, quien llegó a cortar a algunos líderes autonómicos cuando intervenían más de diez minutos, el límite de tiempo que les había concedido para plantear sus problemas.
Fuentes del Ejecutivo confían en que, pese al desacuerdo, al final estén todas las comunidades. "Que vayan, aunque sea para formar el pollo", sentencian, ya que considerarían una falta de respeto institucional la ausencia de presidentes autonómicos. "Hay temas muy serios con los que pueden plantar cara al Gobierno, por ejemplo vivienda", tercian en Moncloa, conscientes de que un posible boicot arruinaría sus planes.
El Gobierno apela a las instituciones que manosea de manera permanente, y cuando las cloacas del PSOE han quedado al descubierto y están bajo sospecha por acosar a la UCO, a los jueces o por despreciar la labor de la oposición y los medios de comunicación tachando cualquier asunto que les incomoda de "bulo".