La Policía investiga la filtración de datos personales de Sánchez

La política española ha sufrido un nuevo caso de filtraciones de datos personales que hacen referencia a datos como el DNI, el teléfono móvil y la dirección de la vivienda privada por parte de ciberdelincuentes que ha afectado, entre otros, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; y a la presidenta extremeña, María Guardiola.

Según han informado fuentes policiales a Europa Press, la Policía Nacional ya se encuentra investigando esta filtración de datos personales, que estaban recogidos en un documento de más de 500 páginas con información de varios dirigentes políticos. En este informe, destaca la figura del líder de los socialistas, del que ha sido difundido su número de DNI, su fecha de nacimiento y la dirección de su domicilio particular, en el que no reside actualmente al vivir en el Palacio de La Moncloa; pero no su teléfono móvil.

Sánchez no ha sido el único afectado del Consejo de Ministros, sino que los dirigentes socialistas María Jesús Montero, Félix Bolaños o Fernando Grande-Marlaska, también se han visto afectados por esta filtración de datos; además de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y su homólogo en la Cámara Alta, Pedro Rollán. Todos ellos, recogidos en el documento, que ha sido difundido en la llamada dark web –la parte de la web que se usa para diferentes tipos de delitos sin quedar registros— y ha sido replicada en canales de la red social Telegram de información relativa a afiliados de Podemos.

Tampoco es la primera filtración de este tipo que ocurre, sino que el pasado 19 de junio ya se comenzó a investigar la filtración de datos personales de dirigentes políticos que podrían provenir, según apuntan los agentes policiales, del mismo ciberdelincuente. En este caso, los datos fueron difundidos en canales de Telegram vinculados al eurodiputado Alvise Pérez.

Puede ser un delito de terrorismo

En este contexto, tanto el líder de los populares andaluces como la presidenta de la Junta de Extremadura han manifestado su tranquilidad al respecto de la filtración de sus datos personales; si bien han pedido al Ministerio del Interior dirigido por Grande-Marlaska que se les informe a la mayor brevedad posible de los datos que le hayan podido ser sustraídos y sobre el transcurso de la investigación policial.

Por su parte, la Audiencia Nacional ya ha comenzado a investigar la filtración y difusión en redes sociales de datos personales de altos cargos políticos como un posible delito de terrorismo y, o, contra altas autoridades del Estado. Un procedimiento que comenzó la pasada semana bajo secreto por decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción Número 1, el juez Francisco de Jorge. Al mismo tiempo, se indaga si la réplica de la información filtrada por medio de la dark web en redes sociales es constitutivo de delito.