Este lunes, Santos Cerdán se levantó en un ático de 120 metros cuadrados en la calle Hilarión Eslava, cuyo alquiler no se sabe quién lo paga y cuya propiedad pertenece a una mujer mayor, y se fue a dormir en una cama dentro de una celda de 10 metros cuadrados en Soto del Real. Por el medio, su declaración en el Supremo en el que pensó que la mejor estrategia de defensa era recurrir a argumentos políticos, y no jurídicos, de persecución e insinuar una especie de lawfare.
El, según sus propias palabras, "arquitecto" de los gobiernos "progresistas" recurrió a su discurso en el Congreso del PSOE en Sevilla, que le ratificó como secretario de organización, pese a estar señalado ya por Víctor de Aldama. Allí condenó las "mentiras" que se vierten "también en sede judicial". "Van a por nosotros", clamó hace apenas 7 meses al teorizar sobre una supuesta persecusión contra Sánchez y los socialistas. Lo que le funcionó en un auditorio repleto de militantes no le funcionó ante la fiscalía y el juez del Supremo.
Santos sólo se limitó a recurrir al argumentario oficial del Gobierno ante cualquier ataque. Ahora, en cambio, en el Ejecutivo se desvinculan y tras el ingreso en prisión del exsecretario de organización del PSOE asumen que hay caso y ponen como ejemplo los últimos audios e informes. Un cambio radical ya que, durante semanas, hombres fuertes del Gobierno, como María Jesús Montero o Félix Bolaños, se abrasaron al poner la mano en el fuego por el ex secretario de organización.
En el entorno socialista y gubernamental sorprendió la declaración de Cerdán. Se sabía que iba a negar todo, hasta los audios, pero le llamó la atención la forma de responder al magistrado. Una cosa es recurrir al "no me reconozco en los audios", de Ábalos y otra hablar de una conspiración montada por la oposición y en la que estarían todos involucrados. Algo que acabó por irritar a la Fiscalía.
Este cambio de Moncloa, de negar el lawfare, solo afecta al caso Cerdán y no a otros casos de corrupción que afectan al entorno de presidente. En el Ejecutivo rebajan de caso a "asunto" las investigaciones a Begoña Gómez ya que en un año de instrucción afirman que no se ha encontrado nada relevante y que sigue indagándose por las "peripecias" del juez Peinado.
En el Gobierno llevan semanas preparando el terreno ante nuevas novedades y admiten que el caso Koldo, evolucionado ahora a Caso Cerdán al ser el cerebro de la trama, les va a seguir dando quebraderos de cabeza. De ahí el lacónico "no lo sé" cuando a Pilar Alegría le preguntaron si habrá más altos cargos implicados o la escueta respuesta de Sánchez cuando le preguntaban por el ingreso en prisión de uno de sus más leales. De hecho, esta era la única valoración de Moncloa que remitían a las declaraciones de Sánchez asegurando que "es la hora de la justicia".
Fuentes del Ejecutivo rechazaban ir más allá de comentar que es un paso procesal que respetan. También quieren recalcar que "la diferencia entre unos y otros es la que nos hace reaccionar de forma diferente", pese a que Sánchez no le expulsó de la secretaría de organización hasta que salió el informe de la UCO con las transcripciones. Incluso lo mantuvo en el último Congreso en Sevilla, cuando Aldama ya le señalaba.
El PSOE en silencio
En cambio, la sensación de "conmoción" y "tristeza" es algo que recorre todo el PSOE. También a las federaciones. Ver al número 3 del partido, hasta hace poco más de dos semanas, ingresando en prisión es una imagen demoledora para el partido y que llega a solo cinco días del Comité Federal del PSOE en Ferraz.
Tampoco ha gustado que se vinculase al empresario de Servinabar, Antxón Alonso, con la negociación con el PNV. Ni en el partido, ni en Moncloa tenían constancia de que fuese un nexo con Sabin Etxea. Nadie lo desmentía, ni lo confirmaba. Hay secreto que solo sabe el "arquitecto" del Gobierno de Sánchez.