Tras el anuncio del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de iniciar una ronda de contactos con los grupos parlamentarios en busca de apoyos para una posible moción de censura, el Gobierno de coalición ha comenzado a mover ficha para blindar su permanencia en el poder.
En el marco de la comisión de seguimiento del pacto de coalición, PSOE y Sumar se reunirán este miércoles a las 10:00 horas en el Congreso de los Diputados para definir medidas y estrategias conjuntas, en un momento marcado por el ingreso en prisión del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
La demoledora imagen del exdiputado socialista ingresando en prisión ha forzado al Gobierno de coalición a movilizar con urgencia sus engranajes estratégicos, en vísperas de la maratoniana jornada del próximo 9 de julio. En ese contexto, el PSOE ya ha anticipado que centrará su intervención recordando los casos de corrupción que afectan al Partido Popular, en un intento de desviar el foco y eludir explicaciones directas sobre su propia responsabilidad política con sus dos últimos secretarios de organización implicados.
Dos semanas después de que la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, solicitara al presidente Sánchez la convocatoria de esta reunión en su último encuentro bilateral, los representantes de ambas formaciones, María Jesús Montero por el PSOE y Ernest Urtasun por Sumar, se verán las caras este miércoles para coordinar posiciones y reforzar la cohesión del Ejecutivo en uno de sus momentos más críticos.
Desde Sumar, instan al presidente del Gobierno a cerrar un acuerdo sobre medidas anticorrupción antes de su comparecencia del próximo 9 de julio. El objetivo del socio minoritario del Gobierno es proyectar una imagen de firmeza frente a la corrupción y presentarse como el motor regenerador dentro del Ejecutivo, tratando de ganar así protagonismo y marcar perfil propio en un momento político especialmente delicado.
Entre las propuestas que Sumar llevará a la mesa de negociación destacan la creación de una oficina independiente de prevención de la corrupción, la eliminación de los aforamientos y la exclusión de los procesos de licitación pública a aquellas empresas implicadas en prácticas corruptas.