Hay cantantes que hacen giras anunciando que, esta vez sí, se jubilan y que será la última. Luego, al año siguiente vuelven con la misma cantinela. Ahí está Miguel Ríos que lleva toda una vez amagando con retirarse. Pedro Sánchez está hecho de la misma madera. Amaga con retirarse pero nunca lo hace. Cuando estalló el escándalo de Santos Cerdán, tras el informe de la UCO, un cadavérico y maquillado Sánchez salió a la sala de prensa de Ferraz anunciando que piensa continuar hasta 2027. Ni rastro de dimitir. Ahora, en cambio el líder del PSOE viene a decirnos que toda aquella fortaleza fue una pose y que amagó con cesar pero que no lo hizo tras hablar "con muchos".
Más o menos lo mismo que cuando se tomó unos días de reflexión amagando con dimitir para luego sentenciar que volvía con "más determinación que nunca". Este miércoles, Sánchez compareció en el Congreso para dar explicaciones por el caso Cerdán, ahora encarcelado en Soto del Real. Tras deslizar que casi dimite, aseguró que "no va a tirar la toalla" porque "soy un político limpio que desconocía las corruptelas en las que Ábalos y Cerdán estaban inmersos". Tras volver a pedir "perdón" y asegurar que fue "un error" confiar en ellos, Sánchez lamentó que "fueron egoístas" al jugarse "la integridad del Gobierno".
Sánchez habló de "mi persona" pronosticando que el proyecto político que va a legar le trascenderá porque "no está culminado". Luego, reprochó que hablen de él como "un presidente megalómano que se aferra al cargo". Ahora, lo que espera es "defender la integridad" y "aspirar a recuperar la confianza" de sus socios y lo hará con un Plan estatal de lucha contra la corrupción, en línea con lo que hicieron Felipe González y Mariano Rajoy cuando se conocieron casos en su partidos.
Plan contra la corrupción
El proyecto de Sánchez contará con quince medidas que promete que están consensuadas con la OCDE y "a la vanguardia" de Europa tras el severo correctivo de la Comisión reprochando que no se hace lo suficiente. Lo mas llamativo es que ninguna de estas medidas habrían evitado el caso Cerdán o Ábalos. No mencionan a la UCO y se centran en propuestas bastante vacuas con nuevas entidades de vigilancia y algunas que ya aplica el PSOE.
Ente las novedades, una "Agencia de integridad publica". Según la Moncloa esta entidad "asumiría las competencias clave en materia de prevención, supervisión y planificación en el ámbito de la lucha contra la corrupción". En la actualidad ya existen agencias como la Oficina de Conflicto de Intereses o el Consejo de Transparencia o Buen Gobierno que se incluirían en esta nueva entidad y que no han detectado ningún caso de corrupción. Incluso la Oficina de Conflicto de Intereses ha avalado los negocios de Begoña Gómez.
Sánchez también pide "impulsar la aprobación de la Ley de Administración Abierta" o un nuevo sistema con Big Data e Inteligencia Artificial para que la "Plataforma de contratación pública detecte indicios de fraude", cuando de lo que se trata es de evitar que se amañen adjudicaciones. Entre las novedades está la "obligación de hacer auditorías externas e independientes" a los partidos políticos, algo que el PSOE lleva años haciendo y en lo que se escudan cuando empiezan a aflorar los indicios de financiación ilegal.
Sánchez también ha lamentado que haya "empresarios que suelen irse de rositas". Este es un punto que exigían partidos como Sumar o Podemos y que consistirá en "endurecer la penas" a los corruptores y "aumentar las multas a las empresas corruptoras". También se crearán "listas negras para evitar que las empresas corruptoras puedan seguir contratando".
Además, se propone reforzar con más medios a la Fiscalía Anticorrupción, aunque en las medidas no se menciona en ningún momento a la UCO. La última de las medidas incluye que el CIS de Tezanos elabore una encuesta anual sobre "percepción y experiencia de corrupción en España". "Hay dos tipos de partidos políticos, los que quieren atajar la corrupción y los que quieren instrumentalizarla", señalaba Sánchez ante la ovación de las filas del PSOE que se ponía de pie. En el Congreso había 349 diputados. Faltaba José Luis Ábalos.