La hipocresía del separatismo catalán con la inmigración: de "queremos acoger" al control fronterizo pactado con Sánchez

En apenas ocho años, Cataluña ha cambiado el discurso migratorio de forma radical. En 2017, más de 160.000 ciudadanos salieron a la calle en Barcelona bajo el lema "volem acollir" ("queremos acoger") para exigir al Gobierno de Mariano Rajoy que abriera las puertas a los refugiados sirios y del mediterráneo. Estas exigencias fueron capitaneadas por la izquierda, el separatismo, el activismo, las ONG y medios de comunicación progresistas, quienes impulsaron diversas campañas y protestas. Ahora todo ha cambiado, Cataluña ha visto cómo en menos de 10 años la región se ha transformado en lo que muchos ya tachan de "califato musulmán inseguro" y la mitad de los catalanes considera que la comunidad no debe acoger a nadie más. De ahí parte la exigencia de Carles Puigdemont a Pedro Sánchez en relación al traspaso de competencias en materia de inmigración.

Profundizando la cuestión y en el sentir de los catalanes (muy diferente a lo que pensaban hace unos años), en una encuesta sobre inmigración realizada por Funcas, el 45% de los catalanes opinaban que ya se ha alcanzado el límite de inmigrantes que pueden ser admitidos en la región. Esta percepción negativa sobre la inmigración se debe, en gran parte, a la creciente inseguridad que se vive en las calles de Cataluña, que es el lugar de España con más presos extranjeros. Entrando en detalle, desde 2022, más del 50% de los presos que se encuentran en cárceles catalanas, son extranjeros, principalmente del Magreb.

De la euforia al miedo

Esta creciente preocupación de los catalanes se vio reflejada a en las pasadas elecciones catalanas en mayo de 2024, en las que la inmigración se convirtió en uno de los temas centrales de los comicios y tras las que la formación independentista Alianza Catalana consiguió entrar en el Parlamento Catalán con un marcado discurso anti-inmigración. Del mismo modo, Vox también cosechó unos buenos resultados.

Las encuestas, estudios y resultados de elecciones dan muchos datos. Por ello, tras conocer que la inmigración es considerada el principal problema para la ciudadanía catalana, Junts el partido de Carles Puigdemont, el fugado de la justicia, decidió apostar fuerte por este asunto y ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez el traspaso de las competencias de inmigración a Cataluña.

Esto ha supuesto otra bajada de pantalones de Pedro Sánchez ante el separatismo para continuar en el poder pero también se puede traducir en que Cataluña pase a gestionar los permisos de residencia, las devoluciones y expulsiones de inmigrantes en situación irregular, Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs) y control de entradas por puertos y aeropuertos (competencia de la Guardia Civil). Conviene recordar que según la Constitución Española (art. 149.1.2) "el Estado tiene competencia exclusiva sobre nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo".

Aquellos catalanes que salieron por el 2017 a las calles para defender la acogida de inmigrantes, no darían crédito al ver que este traspaso de competencias migratorias será para blindar y echar el cerrojo en Cataluña y no para abrir las fronteras. Del mismo modo, que ellos mismos ya no quieren "puertas abiertas". Con todo ello se puede observar el giro de rumbo radical de los catalanes. Y es que Cataluña ha pasado de ser la "terra d’acollida" a la región que gestiona y regula con lupa quién puede quedarse.

De las pancartas a las instituciones

Las organizaciones y plataformas ciudadanas que lideraron las protestas por la acogida en Cataluña, como Casa Nostra, Casa Vostra, Stop Mare Mortum o las delegaciones catalanas de CEAR y ACCEM, han experimentado un notable cambio de rol en los últimos años. Si en 2017 protagonizaban campañas de denuncia contra los CIE o exigían una acogida sin condiciones bajo el lema "Volem Acollir", hoy están integradas en el sistema institucional de gestión migratoria catalán. Participan en mesas técnicas con consejerías, Mossos d’Esquadra y administraciones locales, y gestionan programas financiados con fondos públicos europeos y autonómicos.

Su presencia pública ha disminuido, y apenas han expresado posicionamiento sobre la cesión de competencias en materia migratoria a la Generalidad en 2025, una cuestión que en su momento habría generado una fuerte reacción social.

Lo fundamental de la cuestión es que Cataluña ya no es la "terra d’acollida" abanderada por la izquierda y el separatismo en 2017. Hoy, esos catalanes tienen miedo ya que conviven con la delincuencia en las calles y lo cierto es que la región ya es una de las más inseguras de Europa. Sin embargo, desde la izquierda y el separatismo se sigue mirando hacia otro lado mientras cientos de catalanes callan por miedo a que les tachen de racistas.

El ejemplo más claro de la inseguridad propiciada por la inmigración es Barcelona. Los datos hablan por sí solos: tres de cada cuatro agresores sexuales y el 90 % de los okupas detenidos son extranjeros,mientras que el 91 % de los detenidos por hurtos y el 83 % por robos violentos tampoco son españoles.