El Defensor del Pueblo pide información a la Generalidad sobre la enseñanza en español en las escuelas

Nuevo episodio en la desigual batalla que libran en el ámbito de la enseñanza las entidades constitucionalistas y la Generalidad catalana. El Defensor del Pueblo ha reclamado información a la Generalidad sobre los criterios para la enseñanza del español en los centros educativos. La petición se produce un año después de que la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) alertara sobre la aplicación de criterios en contra del castellano por parte de autoridades y responsables de la educación pública y concertada.

A raíz de dicha alerta, Sociedad Civil Catalana (SCC) remitió un escrito tanto al Defensor del Pueblo como a su homóloga autonómica, la síndica de greuges (síndica de agravios) que ésta se negó a atender al considerar que el asunto ya está judicializado. Sin embargo, el defensor, que encarna el exministro socialista de Educación Ángel Gabilondo, atendió el escrito y ha exigido información oficial a la administración autonómica catalana.

SCC considera que "con el pretendido objetivo de fortalecer el uso del catalán, la política lingüística de la Generalitat en el ámbito escolar es una herramienta de exclusión y discriminación de la lengua española que vulnera derechos fundamentales protegidos por la Constitución Española; especialmente el derecho a no ser discriminado por razón de lengua".

El Defensor del Pueblo, por su parte, se ha dirigido a la Generalidad "con la finalidad de conocer las orientaciones que haya podido facilitar a los centros educativos para garantizar que los criterios pedagógicos aplicados respecto del uso y aprendizaje de las lenguas oficiales sean respetuosos con la suspensión cautelar del decreto y se garantice el aprendizaje en castellano".

Este episodio tiene su origen en la aprobación por parte de la Generalidad del Decreto 91/2024, de 14 de mayo, del régimen lingüístico del sistema educativo no universitario de Cataluña". El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) admitió a trámite un recurso de la AEB contra dicho decreto y, en un auto del 3 de julio de 2024, acordó su suspensión cautelar al considerar que la concepción del catalán como única lengua vehicular es contraria a las sentencias anteriores de dicho tribunal y del Tribunal Constitucional, al no garantizar adecuadamente la enseñanza en español.

SCC ha informado hoy que "el Defensor del Pueblo nos ha remido un escrito indicando que 'en consideración a la naturaleza y alcance de la disposición impugnada, ha parecido procedente a esta institución iniciar una actuación de carácter informativo ante la Secretaría General de Educación y Formación Profesional de la Generalidad de Cataluña'".

La entidad constitucionalista señala que en septiembre de 2023, en la fase de información pública, ya actuó por la vía administrativa para evitar la aprobación del decreto del régimen lingüístico del sistema educativo no universitario. "En las correspondientes alegaciones -no atendidas por la Generalidad- alertábamos de sus efectos perniciosos", señala SCC en un comunicado.

Vulneración de derechos

En la misma nota se indica que "con el pretendido objetivo de fortalecer el uso del catalán y asegurar la cohesión social, la política lingüística de la Generalidad en el ámbito escolar es una herramienta de exclusión y discriminación de la lengua española, dado que limita el uso del castellano a funciones curriculares específicas -como la enseñanza de lengua y literatura castellana- y a casos muy puntuales que deberán ser claramente justificados en los proyectos lingüísticos de cada centro educativo. El plan lingüístico aprobado por la Generalitat no limita su acción a las aulas; afecta también a las actividades complementarias y extraescolares, parte esencial del proceso educativo".

SCC denuncia que "estas medidas derivan en una clara vulneración de derechos fundamentales protegidos por la Constitución Española; especialmente el derecho a no ser discriminado por razón de lengua. El artículo 3 de la Carta Magna establece que el castellano es la lengua oficial del Estado y que todos los ciudadanos tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Un derecho y un deber fundamentales para asegurar la igualdad de todos los españoles en el uso de la lengua independientemente de su comunidad autónoma de residencia".

Tras la llegada del socialistas Salvador Illa a la presidencia de la Generalidad, la discriminación del español en la enseñanza sigue como uno de los rasgos definitorios del "modelo catalán". Este nuevo movimiento se produce a la espera de que el Tribunal Constitucional resuelva los recursos a favor y en contra de la sentencia del TSJC ratificada por el Supremo sobre el 25% de español en la enseñanza obligatoria.