Sonia Lalanda, la última "purgada" de Vox, ha sido una de las voces más visibles entre los cargos del partido que, el pasado febrero, firmaron la llamada Declaración de Barajas, un manifiesto que proponía refundar la formación ante la creciente preocupación por su deriva autoritaria, señalando en particular la ausencia de democracia interna. También solicitaron una reunión urgente con el líder del partido, Santiago Abascal, para abordar los tres ejes que, a su juicio, evidencian ese rumbo autoritario. Meses después, la cita sigue sin respuesta, pero las represalias, en cambio, no se han hecho esperar.
La hasta ahora portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Palencia, ha sido notificada este lunes de su expulsión definitiva del partido, tras desestimarse el recurso que presentó contra la resolución del Comité de Garantías. Pese a ello, Lalanda asegura que seguirá afiliada, con el propósito de "llegar hasta el final defendiendo el Vox de la esperanza", según ha declarado en conversaciones con Libertad Digital. También ha expresado su pesar porque la dirección nacional parezca más interesada en la vigilancia en redes sociales y en "montar algaradas" que en "ser la alternativa" real de Gobierno.
Lalanda ha ofrecido este martes una rueda de prensa en la que ha reivindicado su trayectoria política y profesional, denunciando lo que califica como una "purga" impulsada por la dirección nacional. Además, ha cargado contra los perfiles que, según ella, permanecen en el partido: "gente dócil y que necesita la política para vivir y, por lo tanto, la gente que en la vida civil es absolutamente mediocre porque no sería capaz de llevar el pan a su casa de no ser por aceptar este tipo de servilismos".
Ha criticado de forma tajante el funcionamiento interno del partido y su "caudillismo" poniendo como ejemplo "la presentación de un personaje que es etéreo, que va, que viene, pero que no hay ningún contacto real con la ciudadanía". "Todo es ordeno y mando y todo se gestiona a través de comisarios políticos en las provincias", ha denunciado Lalanda, aludiendo a la decisión de la dirección nacional de romper con los gobiernos autonómicos.
Lejos de la ilusión que le inspiró Vox en sus inicios, Lalanda lo describe ahora como un voto al "mal menor", aunque sostiene que podría convertirse en el "bien mayor" si el partido recuperara la democracia interna y reincorporara a figuras como Iván Espinosa de los Monteros, Macarena Olona, Rubén Manso o Víctor Sánchez del Real. Además, advierte que resulta "peligroso" que "quien no acepta la democracia interna difícilmente pueda aceptar, en términos generales, la democracia".
Lalanda contempla ahora tres posibles caminos: convertirse en concejal no adscrita, abandonar la política o emprender una batalla judicial. "Dentro de estas tres opciones, voy a estudiar la posibilidad de acudir al juzgado para solicitar medidas cautelares y, posteriormente, presentar la correspondiente demanda contra la decisión adoptada por el Comité Ejecutivo Nacional", ha señalado la dirigente palentina.
Otros represaliados
El general retirado del Ejército de Tierra, Antonio Budiño, también firmante de la Declaración de Barajas, ha sido sancionado por Vox con cinco años de inhabilitación, tras exigir a Santiago Abascal que rindiera cuentas por la gestión del partido.
Otra voz crítica, Idoia Ribas, abandonó a principios de julio el grupo parlamentario de Vox en Baleares denunciando "hostigamiento y difamaciones".