La Policía registra la basura para identificar a los vecinos incívicos en un municipio de Tarragona

El Ayuntamiento de Cunit -Tarragona-, gobernado por separatistas y el PSC, ha empezado a abrir las bolsas de basura depositadas fuera de los contenedores, en la calle, para registrarlas e identificar a las personas que las han dejado allí y multarlas con 300 euros.

Según el alcalde de Cunit, Jaume Casañas, la semana pasada pusieron 50 multas a vecinos de la localidad que fueron sorprendidas depositando la basura fuera de los contenedores, y ahora, además, personal del equipo de intervención del departamento municipal de Medio Ambiente y agentes de la Policía Local buscan en las bolsas halladas fuera de los contenedores cualquier documento que les permita identificar a sus responsables.

El consistorio ha tomado esta medida tras detectar "acumulaciones recurrentes" de bolsas de basura abandonadas en la vía pública, especialmente en dos puntos del municipio: la calle Ebre y la avenida Can Nicolau. "Quien lance la basura fuera de los contenedores y lo pillen será multado con 300 euros", advierte Casellas, que subraya que "la gente que hace bien las cosas no tiene por qué sufrir a los incívicos".

El ayuntamiento de esta población costera de unos 15.000 habitantes señala que este comportamiento, "que afecta negativamente tanto a la convivencia vecinal como a la imagen del municipio, no quedará impune".

El derecho a la intimidad

En España, las fuerzas de seguridad pueden inspeccionar la basura doméstica cuando ya ha sido depositada en contenedores ubicados en la vía pública o en instalaciones comunitarias, sin que ello suponga una vulneración del derecho a la intimidad. Esto se debe a que, a partir del momento en que los residuos se abandonan en el contenedor (o en la vía pública), ésta deja de estar protegida por la inviolabilidad del domicilio, tal y como han confirmado al menos dos sentencias (2012 y 2004) del Tribunal Supremo.

Eso sí, la basura depositada en los contenedores o en la vía pública es propiedad pública, así que no puede ser manipulada por los particulares. Hacerlo se podría sancionar con multas a menudo leves (de hasta unos 750 euros según algunos ayuntamientos) por tratarse de una infracción administrativa.