El Partido Popular ha dado la voz de alarma ante las prácticas del Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusa de comprometer la seguridad del Estado por sus contratos con la empresa china Huawei. El vicesecretario popular, Juan Bravo, ha anunciado la solicitud de un informe de fiscalización al Tribunal de Cuentas sobre todos los contratos adjudicados a la compañía en los últimos cinco años, ante el grave "riesgo de espionaje" que suponen.
Bravo ha recordado que el Ejecutivo socialista ha encargado a empresas chinas servicios tan "sensibles" como las escuchas judiciales o la vigilancia de infraestructuras críticas en Ceuta y Melilla. Por ello, el PP ha exigido la comparecencia urgente de los ministros Albares, Bolaños, Grande-Marlaska y Robles. "Sánchez está poniendo en riesgo tanto la seguridad nacional como la de nuestros socios y aliados europeos y americanos", ha subrayado el dirigente popular.
En su intervención, Bravo también ha cargado contra la asfixia impositiva del Gobierno, denunciando las maniobras de distracción del socialismo catalán con debates como el 'dumping' fiscal para "tapar" la financiación singular que exigen sus socios separatistas. "Lo realmente importante es que los españoles estamos sufriendo un auténtico infierno fiscal", ha recalcado.
El vicesecretario del PP ha puesto cifras a la voracidad recaudatoria de Sánchez: para final de año, los españoles habrán pagado 170.000 millones de euros más en impuestos y cotizaciones que en 2018. Una sangría que, según ha denunciado, golpea especialmente el poder adquisitivo de las rentas medias y bajas, con cada vez más dificultades para llegar a fin de mes.
Frente al expolio fiscal del Gobierno, el PP ha contrapuesto sus propuestas, como la Proposición de Ley presentada en el Senado para que el sistema alimentario sea considerado un ámbito estratégico y esencial. Una iniciativa que busca, según Bravo, "asegurar el suministro y la rentabilidad de nuestra agricultura, ganadería y pesca" en un momento de máxima dificultad para el sector primario.