La vicepresidenta del Grupo Popular Europeo (PPE) en el Parlamento y secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, ha solicitado a la Comisión Europea y al Servicio Europeo de Acción Exterior que evalúen las implicaciones de seguridad derivadas de la decisión del Gobierno de adjudicar a Huawei el almacenamiento de escuchas telefónicas judiciales del sistema SITEL.
La eurodiputada ha señalado que esta contratación plantea un importante problema de coherencia con las directrices europeas sobre seguridad tecnológica y protección de datos sensibles, y que además podría afectar a la credibilidad de España como socio en la cooperación de inteligencia tanto europea como transatlántica.
Según explicó en un comunicado, el sistema afectado gestiona intervenciones telefónicas autorizadas judicialmente en casos de terrorismo, crimen organizado y espionaje. "Si esos datos acaban almacenados en tecnología vinculada a la inteligencia china, el riesgo para nosotros y nuestros aliados es real", ha advertido Dolors Montserrat.
En una pregunta dirigida a la Comisión Europea, la representante popular alertó del peligro de que terceros países puedan acceder o monitorizar indirectamente investigaciones judiciales que incluyan información compartida en el marco de la colaboración OTAN-UE. A su juicio, este escenario podría provocar una pérdida de confianza de socios estratégicos como Estados Unidos o Reino Unido.
Montserrat recordó que la Comisión Europea ha insistido en que la seguridad debe estar por encima del precio. En este sentido, consideró que la presencia de Huawei en un sistema de interceptación judicial contradice las recomendaciones comunitarias y vulnera el principio de precaución en ciberseguridad pública.
Asimismo, acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de apartarse del marco de seguridad tecnológica establecido por la Comisión Europea dentro del EU 5G Security Toolbox, lo que, según dijo, pone en riesgo la confianza de la OTAN y de sus aliados.
Desde el Partido Popular recordaron que en 2020 la Comisión instó a los Estados miembros a restringir o excluir a proveedores considerados de alto riesgo de infraestructuras críticas. En esta categoría —apuntaron— figuran empresas como Huawei, sujetas a la legislación de seguridad nacional china, que podría obligarles a colaborar con los servicios de inteligencia de ese país, incluso fuera de su territorio.