Begoña Gómez pide suspender su declaración por malversación ante el juez Peinado del próximo 11 de septiembre

A falta de dos semanas para que Begoña Gómez tenga que comparecer de nuevo ante el juez Peinado imputada por un delito de malversación, su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho, ha solicitado la suspensión de su declaración, alegando tener fechado para ese día otro señalamiento previo ante el Juzgado de Instrucción Número 1 de Arona.

"Interesamos se acuerde la suspensión de las declaraciones testificales señaladas para el próximo 11 de septiembre, acordándose en su lugar nueva fecha para su práctica", reza el escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital y en el que Camacho aporta el auto del pasado 17 de junio en el que que acuerda la practica de la citada declaración en el marco de otro procedimiento en el que igualmente ejerce como letrado. De acceder a la mencionada petición, Begoña Gómez lograría aplazar su esperada comparecencia por la utilización de la famosa asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, para sus negocios privados.

La quinta imputación de Begoña Gómez

El pasado 18 de agosto, el Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, que dirige el magistrado Juan Carlos Peinado, ordenaba citar como investigada a la mujer del presidente del Gobierno, por un presunto delito de "malversación de caudales o efectos públicos", el quinto que se le imputa. La resolución también incluía a su asistente, Cristina Álvarez Rodríguez, quien debe declarar el 10 de septiembre, un día antes que Begoña Gómez.

La esposa de Pedro Sánchez hasta ahora figuraba como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencia, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo. Sin embargo, Peinado busca investigar ahora los indicios que apuntan a un posible uso indebido de personal y recursos públicos para actividades privadas.

En esta línea, la Audiencia Provincial de Madrid ya había advertido de elementos que merecían una investigación a fondo: correos electrónicos en los que la asistente de Gómez contactaba con empresas privadas para solicitar patrocinios, su papel como persona de confianza en actividades ajenas a sus funciones oficiales, y su relación con el Grupo Barrabés, beneficiario de contratos públicos.

De hecho, para justificar la imputación del delito de malversación a Gómez y Álvarez, el juez incluye un extracto del auto de la Audiencia Provincial. "Otro dato más a considerar es el de la amistad personal previa siendo la razón de su nombramiento en el cargo de máxima confianza, sirviendo a las actividades privadas de Begoña Gómez, que se pretenden mejorar con este nombramiento".

Con todo, el juez Peinado subrayaba que todo ello podría suponer una "desviación de recursos públicos en favor de intereses privados y, lo que es más importante, ofrecidos dentro de una estructura institucionalizada de poder que sirve para reforzar una indudable influencia como es la Presidencia del Gobierno". Y concluía: "Es, por tanto, procedente citar en calidad de investigadas, por el supuesto delito de malversación de caudales o efectos públicos a Cristina Álvarez y a Begoña Gómez".

Polémica por el pleno de la Diada

La estrategia de su defensa pasa ahora por retrasar la esperada comparecencia, que coincidía, además, con un pleno en el Congreso en el que los socialistas temían que ese fuera precisamente el tema estrella. Casualidad o no, este mismo martes el PSOE mostró su intención de solicitar a la Cámara Baja que suspendiera la actividad parlamentaria de ese día, alegando la necesidad de "respetar" la Diada de Cataluña, que se celebra cada 11 de septiembre.

"No sé si lo hacen porque no quieren un pleno el mismo día en que tiene que comparecer ante un juez la mujer del presidente del Gobierno", sugería ayer la popular Esther Muñoz, dejando entrever que detrás de dicha maniobra podría haber otro interés más allá de contentar a sus socios separatistas con una decisión que no se sabe si será extensible a otras fiestas autonómicas.