Sanchez entrega a Montero la supervisión de su plan anticorrupción pese a las acusaciones contra su jefe de gabinete

El Consejo de Ministros ha aprobado que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, sea la encargada de impulsar y coordinar el plan de lucha contra la corrupción anunciado por Sánchez en el Congreso tras el estallido del caso Cerdán.

El Real Decreto que acompaña al Plan Estatal crea esta comisión Interministerial en la que también estarán el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños; la ministra de trabajo, Yolanda Díaz; el de Interior, Fernando Grand Marlaska, el de Cultura, Ernest Urtasun y el de Transformación Digital, Óscar López, así como la Dirección del Gabinete del presidente del Gobierno.

Estos ministros se encargarán de aplicar y supervisar las quince medidas del plan. Entre las que se incluye la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública para prevenir, supervisar y perseguir prácticas corruptas, así como el uso de Inteligencia Artificial y Big Data en la plataforma de contratación pública para detectar patrones anómalos o indicios de fraude Otras de las medidas, como la ley anti-lobbies, ya se está tramitando en el Congreso.

Otras medidas, en cambio, afectan al Ministerio de Justicia, como el endurecimiento del Código Penal para las empresas corruptoras. Algunas propuestas, como la creación de listas negras en la Administración para impedir que las compañías condenadas puedan contratar con el sector público, están aún pendientes de ejecución.

Desde el Gobierno señalan que la coordinación del Plan tendrá una duración de 12 meses. Esto implica que, tras la salida de Montero —que abandonará el Ejecutivo en los próximos meses para ser la candidata del PSOE en Andalucía—, su sucesor continuará al frente de la supervisión interministerial de la comisión

El PP habla de burla

La decisión de Sánchez de poner a Montero al frente no ha gustado al PP. La portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, ha afirmado que "el Gobierno más corrupto de la democracia no puede liderar un plan anticorrupción" y que colocar a Montero al frente de esta comisión es "burlarse de todos los españoles".

Durante los últimos meses, el ministerio de Montero ha estado en el punto de mira. El "nexo corruptor" de la trama, Víctor de Aldama, acusó a su jefe de gabinete, Carlos Moreno, de haber cobrado 25.000 euros en comisiones, y el presidente del Tribunal Económico Administrativo (TEAC), José Antonio Marco Sanjuán, dimitió tras ser acusado de recibir sobornos a cambio de archivar casos fiscales.

Además, Montero tuvo un papel clave en el rescate de Air Europa, ya que fue una de las ministras encargadas de autorizar la ayuda millonaria en plena pandemia, un trámite que se resolvió cinco veces más rápido que otras compañías.