El bloqueo político amenaza con convertirse en un problema insalvable que afecta a la gestión de los servicios públicos. La falta de Presupuestos, de un modelo de financiación autonómico o de una mayoría parlamentaria que permita legislar, perjudica a todas las administraciones. Una situación de parálisis agravada por el choque entre el Gobierno del PSOE y las CCAA del PP, como se ha visto en la Dana, los incendios y, ahora el reparto de menores inmigrantes.
Este último asunto colea desde hace un año, cuando el PP rechazó apoyar la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para que el Estado asuma en exclusiva el reparto de niños extranjeros, en lugar de que se negocie una cuota regional voluntaria. El temor, fundado, de que Pedro Sánchez utilizara este poder con fines partidistas provocó que acabara descolgándose. Desde entonces, la situación se ha agravado hasta llegar incluso a los tribunales.
Una decena de CCAA han recurrido al Tribunal Constitucional el último reparto anunciado por el Gobierno central por excluir a Cataluña y País Vasco; Madrid han presentado denuncia ante el Tribunal Supremo. A esto se suma que Ceuta y Melilla han solicitado formalmente la contingencia migratoria extraordinaria para derivar menores a otras Comunidades. Baleares también estudia hacerlo ante la llegada constante de pateras procedentes de Argelia.
En Canarias la situación es también insostenible, hasta el punto de que el TS ha obligado al Gobierno a hacerse cargo de un millar de menores que han pedido asilo y deben ser repartidos en el resto del territorio español. Algo para lo que Pedro Sánchez se habría dado un año, elevando de paso la tensión entre PP y CC que gobiernan en coalición en las islas.
El cruce de acusaciones
En medio de esta situación, la guerra política se recrudece. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha acusado a los gobiernos del PP de no querer acoger menores por "racismo" y "xenofobia", llegando a amenazar con utilizar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, o a la Fiscalía, para forzar su acogida. Desde Génova le ha respondido la vicesecretaria de Políticas Sociales, Carmen Fúnez, asegurando que "no aceptan amenazas ni chantajes".
El PP recuerda que si hubiera voluntad real de atajar el problema se endurecería el control de fronteras, competencia exclusiva del Estado y no de las Comunidades Autónomas. Reprochan, además, al Ejecutivo no contar para nada con los gobiernos del PP, ni incluirles siquiera en la interministerial que podría crearse la próxima semana para abordar este asunto.
Se quejan también de la falta de presupuesto y medios para poder atender en condiciones dignas a estos menores, dada la saturación que ya existe en los centros habilitados para ello. Una situación de bloqueo que nace también de la desconfianza entre administraciones de distinto signo, cuya falta de colaboración impide llegar a algún tipo de solución. Mientras, Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares siguen colapsadas y a la espera de que se resuelva un conflicto que amenaza con enconarse.