Abogados y feministas, contra el Ministerio de Igualdad por el escándalo de las pulseras: "Para esto, que lo quiten"

Policías, abogados de víctimas del maltrato y feministas han visto escandalizados esta semana cómo el Gobierno en general, y la Ministra de Igualdad en particular, trataban de quitar hierro al fallo en la migración del sistema de pulseras antimaltrato de una compañía a otra que hizo que todos los datos de geolocalización de los agresores anteriores al 20 de marzo de 2024 se perdieran.

"Esta anomalía produjo sus consecuencias tanto en la fase de instrucción en los juzgados de Violencia sobre la Mujer como en la fase de enjuiciamiento, provocando una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios", reza la propia Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado, cuyo máximo representante, el imputado Álvaro García Ortiz, trató luego de salir al paso diciendo que se trataba de casos "puntuales".

Creo sinceramente que el Ministerio de Igualdad, o se repiensa y se le cambian absolutamente las funciones para que sirva para algo más efectivo o más vale que lo quiten, porque tenemos la sensación de que simplemente está para parecer que se hace algo, porque a la hora de la verdad está claro que no saben gestionar nada de lo que tienen encima de la mesa

El escándalo es de tal magnitud que abogados y feministas no dan crédito y exigen responsabilidades. "Creo sinceramente que el Ministerio de Igualdad, en las condiciones en las que está y para lo que está sirviendo, o se repiensa y se le cambian absolutamente las funciones para que sirva para algo más efectivo o más vale que lo quiten, porque tenemos la sensación de que simplemente está para parecer que se hace algo, porque a la hora de la verdad está claro que no saben gestionar nada de lo que tienen encima de la mesa", denuncia la abogada feminista Nuria González, quien carga particularmente contra Ana Redondo. "Está de ministra en el Ministerio de Igualdad como podría estar en su casa tomando el té o en una terraza al fresquito: no tiene ningún tipo de conciencia de la dimensión de este asunto ni de lo que significa poner en riesgo la vida de las víctimas".

Casos reales

A falta de datos oficiales, la ministra deslizó el jueves que el fallo en cuestión apenas habría afectado al 1% de las mujeres que en las fechas señaladas hacían uso del llamado sistema Cometa, lo que equivaldría aproximadamente a unas 50 víctimas de maltrato. José Antonio Sires, conocido abogado de violencia de género, cuenta en su haber con dos casos y está convencido de que hay muchos más.

"No se puede quitar hierro a este asunto, ni siquiera aunque estuviéramos hablando de un solo caso. Primero, porque estamos hablando de las mujeres que más riesgo tienen, que es a las que se les concede este sistema, y segundo, porque esas víctimas se han quedado desprotegidas jurídicamente", insiste.

Al no poder aportar esa prueba, nos vimos abocados a acudir a un juicio sin ninguna prueba y, en Derecho Penal, se establece que, en caso de existir versiones contradictorias, se aplica el principio de indubio pro reo; es decir, se beneficia al reo, y eso nos abocó a una sentencia absolutoria

Los dos casos de su despacho son solo un ejemplo, pero reflejan a la perfección la gravedad del fallo: "Al no poder aportar esa prueba vital como prueba de cargo directa, nos vimos abocados a acudir a un juicio sin ninguna prueba y, en Derecho Penal, se establece que, en caso de existir versiones contradictorias, se aplica el principio de indubio pro reo; es decir, se beneficia al reo, y eso nos abocó a una sentencia absolutoria".

Y las terribles consecuencias de este fallo van más allá. "Esto lo único a lo que contribuye es a que las mujeres desconfíen de la protección que se les ofrece y, al final, estas dos clientas optaron por marcharse de la ciudad por miedo", lamenta Sires.

¿A qué se destina el dinero de Igualdad?

Más crítica si cabe es Nuria González: "Cuando una mujer tiene una orden de protección que se controla con una pulsera es porque está en un riesgo altísimo de sufrir un atentado contra su vida por parte de su agresor. No todas las órdenes de alejamiento tienen pulsera, solo la tienen las más graves, por lo que decir que bueno, que tampoco es para tanto, es lo mismo decir que la vida de estas mujeres no te importa ni lo más mínimo".

Y lo peor, insiste, es que mientras sistemas vitales como el de las pulseras antimaltrato fallan constantemente —porque esto, como también subraya la Fiscalía en la Memoria Anual no es un hecho aislado—, el Ministerio despilfarra gran parte de los más de 500 millones de euros de su presupuesto en talleres y campañas de dudosa utilidad, como también han denunciado las feministas: desde catas de chocolate a festivales de perreo, talleres de masturbación o polémicas campañas para denunciar la "masculinidad tóxica".

Se racanea el dinero de las mujeres que son víctimas de una agresión para dedicarlo a campañitas de comunicación que no sirven para nada y que, en el mejor de los casos, lo que te dan es casi casi vergüenza ajena, porque en las propias campañitas se ve que no se toman en serio la materia que tienen entre manos

"Se racanea el dinero de las mujeres que son víctimas de una agresión para dedicarlo a campañitas de comunicación que no sirven para nada y que, en el mejor de los casos, lo que te dan es casi casi vergüenza ajena, porque en las propias campañitas se ve que no se toman en serio la materia que tienen entre manos", denuncia indignada la abogada.

En esta misma línea se manifiestan también los distintos sindicatos policiales que lamentan que las pulseras antimaltrato apenas suponen actualmente "un 3% del total de su presupuesto", como denunciaba el pasado jueves en La Noche de Cuesta el CEP. Los agentes se quejan también de que llevan años alertando de la falta de personal de la UFAM, la unidad que se encarga precisamente de las mujeres maltratadas. Sin embargo, ni Irene Montero puso solución, ni tampoco parece tener voluntad de hacerlo Ana Redondo.