"Hay muchas dinámicas internas con intereses", aseguran fuentes gubernamentales cercanas al presidente del Gobierno que interpretan las críticas de sectores socialistas como un intento oportunista de capitalizar el escándalo para reordenar el reparto interno de poder en Ferraz. En el Ejecutivo tildan estas voces de "desleales" hacia Pedro Sánchez, quien aún no se ha pronunciado públicamente sobre un caso que sacude de lleno a su partido, más allá de una conversación informal con periodistas tras la celebración del Día de la Constitución en el Congreso de los Diputados.
El incendio político que Sánchez pretende atajar con el cese efectivo hoy tras el Consejo de Ministros de la mano derecha de Paco Salazar en el gabinete de Presidencia, Antonio Hernández, está lejos de extinguir la crisis. Las declaraciones de las presuntas víctimas señalan a Hernández como posible encubridor de los acosos atribuidos a Salazar, faceta que en Moncloa sostienen desconocer por completo acerca del que fuera asesor del presidente.
En Ferraz, tras cinco meses de parálisis, se apresuran ahora a ultimar el informe con las conclusiones necesarias para intentar cerrar cuanto antes esta crisis. Pese a no haber reunido de nuevo a las responsables regionales de Igualdad, que hace poco más de una semana denunciaron que se encubrió a Salazar y reprocharon la inacción del partido, Moncloa y la dirección federal del PSOE reiteran que el caso no será remitido a la Fiscalía, una decisión que choca con las demandas de varios sectores socialistas, entre los que destaca la voz firme de Adriana Lastra.
"Legalmente no es posible", expresó el presidente del Gobierno, escudándose en el carácter anónimo de las denuncias, pese a que el PSOE ha defendido siempre la necesidad de proteger a las víctimas y de poner los hechos en manos de la justicia en cuanto se tenga conocimiento de ellos.