El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido no acometer los cambios profundos en su Ejecutivo que le reclamaba su vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz (Sumar), a raíz de la sucesión de casos de presunta corrupción y acoso que han salpicado a miembros del PSOE.
Sánchez justifica su inacción alegando que "ningún ministro está implicado", a pesar de la creciente presión social y mediática por los escándalos que afectan a su entorno político. Para críticos de derecha, esta decisión evidencia una falta de responsabilidad y un intento de proteger a su partido a costa de la credibilidad institucional, dejando al Gobierno en una situación de vulnerabilidad y cuestionamiento ante la ciudadanía.