La UCO señala a Teresa Ribera: dio la licencia de la empresa del caso Hidrocarburos tras haber incumplido la ley

El caso Hidrocarburos dejó tras de sí un fraude en el IVA de 182 millones de euros. En él se entremezclan los habituales José Luis Ábalos, Víctor de Aldama, Koldo García Izaguirre, pero cada día más una persona que hasta ahora se ha librado de todo pese a aparecer mencionado su ministerio en innumerables ocasiones: Teresa Ribera, la que fuera vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica y ahora es vicepresidenta de la UE. Se trababa presuntamente de una trama de venta de petróleo venezolano que eludía el pago de este impuesto por medio de declarar que no se iba a vender en España y posteriormente se colocaba en el mercado interior.

Para ello necesitaban una empresa nacional: Villafuel. Y la licencia fue autorizada por el departamento de Ribera. Pues bien, la UCO no ha dudado en señalar directamente a la entonces vicepresidenta de Pedro Sánchez porque la trama tenía un objetivo: "Obtener la autorización eludiendo la obligación de acreditar la capacidad financiera disponiendo de recursos propios afectos a la actividad, de al menos, tres millones de euros".

La "infiltración" de la trama en ese asunto "habría sido vehiculada a través de Víctor de Aldama, persona con acceso al entorno del entonces titular del MITMA y secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) José Luis Ábalos Meco, y habría tenido como finalidad la de influir en la resolución administrativa por la cual se otorgaría a la mercantil Villafuel SL, la autorización para operar en el mercado mayorista de los hidrocarburos, pese al incumplimiento de los requisitos legalmente exigidos, todo ello a cambio de una contraprestación económica.

La clave radica en el "Real Decreto 2487/1994, de 23 de diciembre, Artículo 10. Capacidad legal, técnica y financiera (modificado pe el Real Decreto 197/2010, de 26 de febrero) «1. Las entidades que realicen actividades de distribución al por mayor de carburantes y combustibles petrolíferos deberán revestir la forma de sociedad mercantil de nacionalidad española, o, en su caso, de otro Estado miembro de la Unión Europea. Para acreditar su capacidad legal deberán hallarse al día en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y, en su caso, de Seguridad Social. 2. Se considerará suficientemente acreditada la capacidad financiera cuando el operador disponga de unos recursos propios afectos a la actividad de distribución mayorista de, al menos, tres millones de euros. En el caso de una sociedad de nueva constitución los recursos propios deberán estar íntegramente desembolsados al tiempo de la comunicación. 3. Se considerará suficientemente acreditada la capacidad técnica cuando, además de la suficiencia de los medios técnicos disponibles, el operador cuente con experiencia en la actividad de distribución de productos petrolíferos o, en caso contrario, tenga suscrito un contrato de asistencia técnica con alguna entidad que cuente con experiencia suficiente en esta actividad". Hasta aquí las exigencias legales.

La UCO destaca que "se trata de un sector cuya regulación y supervisión implica la participación de diversos ministerios y organismos públicos. Entre ellos, destaca el MITECO, que ostenta la competencia principal en materia de política energética. Dicha competencia se ejerce a través de la Dirección General de Política Energética y Minas - DGPEM -y, en particular, de la Subdirección General de Hidrocarburos y Nuevos Combustibles - SGH -, encargada de supervisar y gestionar las actividades relacionadas con el suministro, almacenamiento, distribución y comercialización de productos petrolíferos".

La investigación del caso subraya que "la acreditación del cumplimiento de estos requisitos se presenta al MITECO mediante una declaración responsable, ostentando, por lo tanto, la competencia para otorgar y denegar el inicio de actividad para operar como mayorista en el mercado de hidrocarburos mediante resolución administrativa, previa tramitación del procedimiento correspondiente, en el que se verifica el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por la normativa vigente y expuestos por el solicitante".

La Dirección General de Política Energética, por su parte, es el órgano de decisión y adopción de la resolución definitiva, concediendo o denegando la autorización de inicio de actividad. Es, por lo tanto, la entidad que conoce de las solicitudes y evalúa el cumplimiento de los requisitos. Y, "en el marco de dicho procedimiento, interviene también la Subdirección General de Hidrocarburos - órgano dependiente del anterior -, que asume funciones de carácter técnico y de tramitación administrativa, elaborando los informes técnicos preceptivos y formulando la correspondiente propuesta de resolución", describe la UCO. Y, en caso de incumplimiento de los requisitos exigidos, el MITECO está facultado para inhabilitar temporal o definitivamente a la empresa autorizada, previa instrucción del procedimiento correspondiente.

Pues bien, el 13 de enero de 2021, Villafuel presentó la documentación inicial ante el registro electrónico del Ministerio de Ribera, pero la capacidad financiera detallada fue rechazada por carecer de veracidad. La trama intentó superar este requisito con ampliaciones de capital ficticias y certificados bancarios que el propio Ministerio no dudó en tumbar. Y, por fin, en julio de 2022 Villafuel logró sumar el dinero pero lo hizo con un capital que la UCO detecta como de origen ilegal. Y, pese a todo ello, el Ministerio le concedió la autorización el 12 de septiembre de 2022.