Ni cinco minutos tardó el socio minoritario del Gobierno, Sumar, en desmarcarse de la medida anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para incentivar a los caseros mediante una bonificación del 100% del IRPF a aquellos arrendadores que prorroguen los contratos sin incrementar la renta. Supone "regalar dinero público a los rentistas", denunció en redes sociales la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, sumándose así a la oposición expresada también por Podemos. "Las calles tienen que arder de movilización social", afirmó Irene Montero, evidenciando la falta de consenso dentro del bloque parlamentario que sostiene al Ejecutivo.
Bajo este prisma, todo apunta a que la medida podría quedar en papel mojado pocas semanas después de su aprobación en el Consejo de Ministros. No obstante, el ala socialista del Gobierno, que en los últimos días ha optado por abrir nuevos frentes, como el envío de tropas de paz a Ucrania y Palestina, en un contexto marcado por la presión de los casos de corrupción que le afectan, resta importancia a las críticas y confía en poder reconducir la situación. En La Moncloa sostienen que aún es posible alcanzar un punto de encuentro y convencer a los socios de investidura. Fuentes gubernamentales aseguran que el socio minoritario de la coalición tiene "derecho legítimo" a manifestar su posición y le invitan a presentar enmiendas al proyecto, al considerar que "pueden ser complementarias".
El PSOE vende "unidad" y niega falta de comunicación con su socio, aunque admite que el primer real decreto ley anunciado por Pedro Sánchez este 2026 ha sido elaborado por el ministerio de Vivienda, de forma autónoma y sin comunicación previa a Sumar, que se enteró de la iniciativa a través de los medios de comunicación. "Sentimos estupefacción ante una propuesta que se ha anunciado de manera unilateral", lamentó la coordinadora de Sumar, Lara Hernández, minutos después del anuncio del presidente del Gobierno.
"Ahora es el momento de abordar el problema de la vivienda", deslizan estas mismas fuentes tras siete años en los que la crisis habitacional no ha hecho más que agravarse y ante un Parlamento sin mayorías estables. Sin embargo, recurren al mismo argumento que emplean con los Presupuestos Generales del Estado, aún inexistentes, y con el modelo de financiación autonómica, presentado como una cesión al independentismo.
"Sudaremos la camiseta", aseguran, minimizando un asunto, la vivienda, que volverá a postergarse tras haber anunciado previamente medidas de escalo efecto práctico como un número de teléfono inoperativo y la creación de una empresa pública de vivienda.