La decisión del Gobierno de Cantabria de habilitar un centro de acogida de menores extranjeros no acompañados en el municipio de Cartes ha provocado críticas públicas entre el Ejecutivo autonómico y el Ayuntamiento, gobernado por el PSOE. La alcaldesa, Lorena Cueto, ha llegado a calificar la medida como un "castigo" para su localidad y ha denunciado que el proyecto se ha impulsado sin información previa ni diálogo con el Consistorio.
El Ejecutivo presidido por María José Sáenz de Buruaga (PP) ha adquirido un edificio en el Camino Real de Cartes que, según han confirmado fuentes del Gobierno regional a Europa Press, se destinará inicialmente como "recurso asistencial" para menores extranjeros no acompañados, aunque su uso podría modificarse en el futuro "en función de las necesidades".
Cueto hizo pública la operación en un mensaje en su cuenta de Facebook, donde denunció que se trata de una decisión "unilateral" del Gobierno autonómico y que el Ayuntamiento tuvo conocimiento del plan a través de la fundación que gestionará el centro, y no por los cauces institucionales habituales. De hecho, asegura que la primera comunicación directa se produjo este miércoles, tras una llamada del director del futuro recurso, con quien mantuvieron una reunión, después de días de rumores entre los vecinos.
Posteriormente, en un comunicado remitido por el Ayuntamiento y recogido por Europa Press, la regidora socialista afirmó que en Cartes "no se dan las condiciones para la plena inclusión y adaptación en Cantabria" de la veintena de menores que está previsto que albergue el edificio. A su juicio, se trata de un municipio pequeño, con recursos limitados frente a otras localidades más grandes. "No se dan las condiciones como podrían darse en municipios más grandes, con más centros educativos, con más instalaciones deportivas y dotaciones culturales y sociales", ha señalado, preguntándose si los veinte niños "van a ir al mismo centro educativo, a la misma aula, van a jugar en el mismo equipo de fútbol o de baloncesto".
Sin consulta al Ayuntamiento
La alcaldesa reclama al Gobierno regional que "salga del oscurantismo" y explique "con luz y taquígrafos" las razones objetivas que han llevado a elegir Cartes como ubicación del centro, especialmente cuando, según subraya, los menores deberán seguir un itinerario sociolaboral cuyos recursos "no están en Cartes". También recuerda que el municipio es Conjunto Histórico de Especial Protección y ha anunciado que el Ayuntamiento ya ha solicitado acceso a los expedientes relacionados con la puesta en marcha del centro para comprobar que se han cumplido todos los trámites legales dentro de sus competencias.
Cueto rechaza cualquier acusación de racismo o insolidaridad y defiende que su postura responde a criterios técnicos. "Ni soy racista ni insolidaria: soy una alcaldesa defendiendo los intereses de Cartes y de los vecinos y vecinas frente a un Gobierno de Cantabria que ha actuado de espaldas", afirma. "Eso no es ser racista: eso es tener sentido común", insiste, al tiempo que reprocha al Ejecutivo autonómico no haber explorado otras alternativas en centros o edificios ya existentes.
Además, ha reiterado su mensaje de "Solidaridad, toda. Castigos para Cartes, ninguno", aclarando que cuando habla de castigo se refiere a lo que considera un trato reiterado por parte del Gobierno regional, tras la retirada reciente de una subvención europea ya preconcedida para el municipio.
Imposición del Gobierno central
La presidenta de Cantabria ha respondido a la alcaldesa situando el origen de la situación en el Gobierno central. Buruaga asegura que la apertura del centro es "una consecuencia directa de la política migratoria del Gobierno de la nación y los repartos forzosos de Pedro Sánchez". "Esto responde a una imposición de Sánchez, no a una decisión del Gobierno de Buruaga", ha afirmado.
Según la presidenta, Cantabria "no tiene opción" y está obligada por ley a aceptar estos traslados, por lo que ha reprochado a Cueto que "se está equivocando de ventanilla" al dirigir sus críticas al Ejecutivo autonómico. En este sentido, ha recordado que su Gobierno ha recurrido ante el Tribunal Constitucional todas las leyes, decretos y actos derivados de estos repartos por considerar que invaden competencias autonómicas, aplican criterios "arbitrarios" y carecen de financiación suficiente.
Buruaga también ha negado cualquier falta de transparencia y ha defendido que su Ejecutivo actúa con discreción, como en el resto de recursos del sistema de protección. "No vamos contando, no vamos diciendo, no vamos señalando dónde están", ha señalado, subrayando que se trata "de niños que tienen dignidad y derechos".
Modelo cántabro de acogida
La presidenta ha explicado que los menores extranjeros no acompañados no son una realidad nueva en Cantabria. Actualmente, la comunidad cuenta con 33 menores que han llegado por sus propios medios e integrados en la red de protección social. A ellos se han sumado recientemente otros 16 procedentes de los traslados impulsados por el Gobierno central, que, según Buruaga, se encuentran en Santander "perfectamente integrados y atendidos, y conviviendo en condiciones de normalidad".
En defensa del modelo cántabro, ha insistido en que en la región no existen macrocentros, sino grupos reducidos de entre 20 y 24 menores atendidos por equipos especializados en municipios con servicios sanitarios y educativos y acceso a formación profesional. "Nuestro modelo es un modelo de integración, no de aislamiento", ha recalcado.
La jefa del Ejecutivo regional ha calificado de "inaceptable" la actitud de la alcaldesa de Cartes y le ha acusado de "alarmar infundadamente" y de "estigmatizar" a los menores. También ha lamentado que Cueto no acudiera a la Consejería de Inclusión para informarse y "despejar cualquier incertidumbre", optando —según Buruaga— por "incendiar las redes sociales y los medios de comunicación".
"No hay opción. Estamos cumpliendo una imposición del Gobierno de Sánchez, y las leyes se cumplen", ha sentenciado la presidenta, quien sostiene además que en todo este proceso "lo que menos importan son los menores, utilizados como moneda de cambio política".
El Gobierno de Cantabria mantiene, según Europa Press, que la compra del inmueble en Cartes responde exclusivamente a la necesidad de disponer de un recurso asistencial para menores extranjeros no acompañados derivado de estos traslados, sin que en la información difundida hasta ahora se hayan hecho públicos más detalles sobre el desarrollo del proyecto.