El TC suspende el proyecto eólico de Galicia por "invadir competencias estatales" en plena cesión a los separatistas

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez contra el proyecto eólico de Galicia que iba a reducir el número de molinos, al obligar a las compañías eléctricas a renovar sus instalaciones para hacerlas más eficientes. El Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero fue el encargado de interponer la demanda, que deja en suspenso la norma hasta su resolución.

La ley, denominada de acompañamiento de Galicia, fue aprobada en 2024 y obliga a las empresas eléctricas a repotenciar los parques eólicos tras un plazo de 25 años, lo que en la práctica supone su renovación y la reducción de las instalaciones. El Ejecutivo central entendía que la norma invade competencias estatales, mientras negocia la cesión de todo tipo de competencias a sus socios en Cataluña y el País Vasco, como las migratorias o la gestión de los impuestos.

En concreto, el recurso recogía que la ley gallega chocaba con la potestad estatal para la autorización de instalaciones eléctricas y transporte de energía, así como el régimen minero y energético. La consejera gallega, María Jesús Lorenzana, ha defendido que la ley "buscaba obligar a eliminar 2.000 molinos en Galicia" y "forzaba a vender la energía en Galicia a precios más baratos". "Era una buena idea", ha declarado a Libertad Digital.

La suspensión de la norma es automática hasta que se resuelva el recurso, lo que supone que seguirán funcionando todos los molinos de viento, como hasta ahora. La Xunta pretendía reducir el 80% de este tipo de instalaciones, dado el impacto medioambiental que tienen en el territorio, especialmente para los municipios que los acogen, a pesar de generar energía verde.

El TC suspende también otros artículos de la ley relacionados con la discapacidad y la dependencia, que tenían por objetivo agilizar los trámites para los afectados. El Gobierno también argumentó que invadían competencias estatales de carácter fiscal, mientras negocia con ERC la fiscalidad de todas las CCAA y la creación de un cupo catalán.