La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por la Asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) contra la Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) de 23 de diciembre de 2025, por la que se desarrolla el Real Decreto-ley 10/2025 por el que se adoptaban "medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina".
Según ACOM, dicha norma se basa en "la acusación falsa y políticamente instrumentalizada de un supuesto ‘genocidio’ en Gaza", que se apoya en "una retórica falaz, de carácter abiertamente antisemita" basada en "cifras irreales y no verificables procedentes de una organización terrorista", concretamente Hamás.
La resolución recurrida establece la elaboración y aplicación de un listado oficial de localidades y códigos postales israelíes con efectos en el ámbito tributario y aduanero porque, según la AEAT, se corresponden con "asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado".
A juicio de ACOM, esta medida introduce una discriminación respecto a Israel y a actividades vinculadas a ese país, y va más allá de una actuación meramente técnica, al tener implicaciones jurídicas y prácticas relevantes. La asociación sostiene que la actuación administrativa vulnera principios como la neutralidad institucional, la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica, y que puede afectar a derechos fundamentales, entre ellos la libertad de asociación y de expresión.
El Tribunal Central de Instancia, Sección de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional acordó el pasado miércoles la admisión a trámite del recurso, que se sustanciará por el procedimiento ordinario. El órgano judicial reconoció la validez de la comparecencia de ACOM y ordenó a la AEAT la remisión del expediente administrativo completo.
Un contexto político "preocupante"
La resolución judicial constata que el recurso cumple los requisitos legales exigidos y permite el control jurisdiccional de la actuación administrativa impugnada. ACOM entiende que este control es relevante al considerar que la resolución cuestionada tiene un impacto directo en su actividad cívica y en el ejercicio de sus fines como entidad que actúa en el ámbito público en España.
La asociación sitúa esta actuación de la Agencia Tributaria en un contexto político que califica de "preocupante" y que, en su opinión, refleja un cambio en la orientación del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de política exterior y de relación con organizaciones de la sociedad civil que combaten el antisemitismo y critican determinadas posiciones oficiales.
Según ACOM, este contexto se caracteriza por la ruptura de consensos previos, la adopción de determinadas narrativas internacionales y el uso de instrumentos del Estado con una finalidad política, lo que, a su juicio, puede generar tensiones con el marco constitucional y con los intereses estratégicos de España.
La entidad subraya que, en un sistema democrático, las instituciones del Estado no deben emplearse como mecanismos de presión política ni de disuasión frente a organizaciones de la sociedad civil. En este sentido, considera que la admisión a trámite del recurso supone un primer paso para que los tribunales analicen el fondo del asunto y delimiten el alcance de la actuación administrativa cuestionada.