El Gobierno ataca la sanidad privada: la inquina de Mónica García contra Ayuso se convierte en estrategia

Al igual que ha hecho con la educación privada, lanzándose a frenar la creación de universidades privadas y pidiendo "combatir chiringuitos que no cumplen el nivel", el Gobierno suma ahora la sanidad, en un momento en que los profesionales del sector mantienen su pulso contra la ministra Mónica García, convocando paros del 16 al 20 de febrero por el Estatuto Marco. Pese al descontento generalizado, la ministra ha anunciado la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, cuyo principal objetivo es limitar la privatización sanitaria y reforzar el control del gasto en los hospitales públicos gestionados por empresas privadas.

"Hemos asistido a casos obscenos que no deberían formar parte de nuestro sistema sanitario", ha sostenido la ministra Mónica García, que aprovechó la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros para insistir en la guerra política sin cuartel entre el Gobierno y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. "La ley pone coto a los modelos público-privados que han engrosado las carteras de las empresas con hojas de cuentas al margen del sistema público".

La ley establecerá que la privatización de la sanidad será excepcional, permitiéndose únicamente cuando la prestación pública no sea viable, siempre que se garantice la sostenibilidad financiera, la eficiencia y se cumplan los estándares de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio. "No se podrá recurrir a la gestión indirecta por capricho o ideología", ha afirmado García.

La ministra ha señalado específicamente a Ayuso y sus "vínculos personales" con Quirón, aferrándose a este asunto en un momento especialmente delicado para las formaciones situadas a la izquierda del PSOE tras el descalabro en Aragón y Extremadura, al tiempo que ha asegurado que esta ley no pretende destruir nada; al contrario, solo busca blindar la sanidad pública frente a las "garras especuladoras".

La iniciativa debe pasar por el Congreso de los Diputados y ser votada por los parlamentarios. Ante un Gobierno con escasa fuerza parlamentaria, lo más probable es que la medida sea tumbada por Junts, aunque García confía en que los grupos comprendan que esta ley es imprescindible "para salvar la sanidad pública".