La ley impulsada por Junts contra la multirreincidencia ha sido aprobada con 302 votos a favor, 35 en contra y 8 abstenciones. Ha salido adelante gracias al respaldo de PSOE, PP y Junts, Vox, UPN, Coalición Canaria y PNV después de más de un año en el congelador. La proposición inició su tramitación en 2024, pero quedó paralizada hasta el pasado noviembre, cuando el partido de Carles Puigdemont anunció la ruptura de negociaciones con el Ejecutivo. Finalmente, la norma se ha desbloqueado desde los despachos, en un contexto marcado por la negociación de los Presupuestos Generales del Estado.
Desde Junts, su líder en el Congreso, Míriam Nogueras ha celebrado la aprobación de la ley "porque los delincuentes que actúan impunemente en Cataluña, robando y generando miedo a nuestros jóvenes, a nuestros hijos y a nuestra gente, ahora entrarán por una puerta, pero ya no saldrán".
"Es una ley que llega demasiado tarde por una tramitación marcada por bloqueos", ha lamentado la diputada de Junts Marta Madrenas, que ha acusado al PSOE de haber atascado la norma en el Congreso hasta ahora. Por parte del PSOE, el diputado Francisco Aranda ha defendido la iniciativa y ha asegurado que han identificado un problema relevante con la multirreincidencia, precisamente, en Cataluña. "Si hay un lugar en el que el fenómeno se ha percibido como un problema de seguridad ciudadana ha sido Catalunya", ha afirmado, después de que el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, dijera en los pasillos de la Cámara que con esta norma "dan cauce a una cosa que pedían muchos alcaldes en Cataluña porque debe ser un problema mucho más incisivo", un respaldo que expresó de forma vaga.
De esta forma, el PSOE aprovecha esta norma para recomponer su relación con Junts, mientras los grupos de izquierdas le acusan de aupar a la extrema derecha. Sumar, Bildu y Podemos la han calificado de "racista" y "frívola", y han cargado contra el "populismo punitivo". El diputado de Bildu, que incluso ha intervenido en catalán, ha reprochado al PSOE que respalde una iniciativa como contraprestación a Junts para sacar adelante otras leyes. ERC, en cambio, ha optado por la abstención, una posición que vincula a un acuerdo alcanzado con el Gobierno para crear 180 nuevas plazas de jueces en dos años en Cataluña. "No pondremos trabas pero la realidad no se cambia a golpe de Código Penal", ha señalado la diputada republicana, Pilar Vallugera, ante la mirada de varios alcaldes catalanes que han asistido al pleno.
"Durante mucho tiempo la única multirreincidencia ha sido la de sus números dos, que han pasado de Ferraz a Soto del Real", ha dicho la diputada del Partido Popular Cuca Gamarra en referencia a José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Además, ha censurado que el PSOE abogue por la regularización del medio millón de migrantes que viven en España. "Están convirtiendo la regularización en un colador de delincuentes", ha denunciado. En Vox, el diputado Juan José Aizcorbe también ha hecho alusión a la inmigración diciendo que "España no puede ser su paraíso" y manteniendo que esta norma es "necesaria, pero no suficiente".
Entre otras medidas, la reforma endurece las penas por hurto, incluso cuando el valor de lo sustraído no supere los 400 euros, y eleva la condena de uno a tres años de prisión si el autor ha sido condenado previamente por al menos tres delitos, aunque sean leves. También se agravan las penas cuando la sustracción afecte a teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos. Asimismo, se modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal para permitir que las entidades locales ejerzan la acción penal derivada de los delitos de hurto y se establece expresamente la reincidencia como circunstancia agravante.