Sánchez aprueba su paquete de medidas anticorrupción en pleno escándalo Cabezón

La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha detallado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley anticorrupción que anunció Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados hace ocho meses, tras la entrada en prisión del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Con esta ley, que contiene 84 medidas y modifica hasta ocho normas, seis de ellas orgánicas, el Gobierno prevé endurecer la lucha contra la corrupción en empresas y partidos, así como crear una Agencia Independiente de Integridad Pública, su medida estrella y una de las 15 propuestas planteadas por el socio minoritario del Ejecutivo en la ronda de contactos posterior al estallido del caso Cerdán. Se trata de un órgano que centralizará las "competencias de prevención, supervisión y persecución de la corrupción", actualmente repartidas entre distintos organismos del Estado.

Sin embargo, se desconoce si entre las medidas figura alguna destinada a prevenir el uso de empresas pantalla en el extranjero con fines de evasión fiscal, como habría hecho el secretario adjunto de Organización del PSOE, Borja Cabezón. "Hay empresas que se dedican a asesoramiento fiscal y financiero y que en el ejercicio de su actividad privada pues esta persona al parecer tenía relación con algunas empresas que van en esa dirección como la gran mayoría de aquellos que están en empresas que tienen asesoramiento de empresas fiscales, pero hasta ahí le puedo decir. La propia persona emitió ayer un comunicado que aclara alguno de los elementos que se plantean y poco más", ha defendido Montero a favor de su compañero de partido.

"El Plan Estatal constituye la respuesta más ambiciosa de España frente a la corrupción hasta la fecha", defiende el Ejecutivo, salpicado por distintos casos que afectan a Moncloa, al PSOE y al entorno personal del presidente del Gobierno.

El Gobierno amplía de cinco a siete años el plazo de prescripción de los delitos de corrupción y agrava las sanciones para las empresas condenadas por prácticas corruptas. "Se endurece el control y la transparencia de las donaciones de los partidos políticos y sus fundaciones. Así, se reduce el umbral de publicación de donaciones individualizadas de 25.000 euros a 2.500 euros", recoge la norma, que el Ejecutivo ha aprobado en primera vuelta y que no llegará al Congreso de los Diputados, previsiblemente, hasta septiembre para su debate y posterior votación.

La ley obligará además a los partidos políticos a someter sus cuentas a auditorías externas e independientes, como las que el PSOE invoca para defender que no existe caja B en el partido.