
Más de 140 jueces y juezas especializados en violencia sobre la mujer acusan al Gobierno de Pedro Sánchez y al Ministerio de Justicia de haber convertido en papel mojado la Ley Orgánica 5/2018, aprobada en 2018 como parte del Pacto de Estado contra la violencia de género.
La norma prometía un itinerario real de especialización y prioridad para los magistrados con experiencia en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, especialmente en las secciones especializadas de las Audiencias Provinciales. Casi ocho años después, las pruebas selectivas no se han convocado, las reformas legales pendientes siguen sin aprobarse y los jueces con décadas de experiencia en estos órganos ven bloqueado su ascenso.
Una sentencia del Tribunal Supremo de 2020 agravó la situación al reclasificar estos juzgados como 'mixtos', eliminando su antigüedad exclusiva en penal y dejando a sus titulares sin opciones reales de promoción. Mientras, las plazas en secciones especializadas se cubren por antigüedad general, permitiendo que magistrados sin experiencia previa en violencia de género ocupen puestos clave.
Los firmantes contrastan esta parálisis con la rápida implementación —en solo cuatro meses— de la especialización en violencia contra la infancia. "El problema es conocido por todos —CGPJ, Ministerios de Justicia e Igualdad, Delegación contra la Violencia de Género— y se posterga deliberadamente", denuncian.
La crítica apunta directamente al Ejecutivo socialista: "¿Puede hablarse de consenso en la lucha contra la violencia machista cuando la especialización prometida sigue en el limbo?". Para los jueces, el Gobierno prioriza la propaganda feminista sobre medidas estructurales reales, dejando a las víctimas desprotegidas y a los especialistas en primera línea sin reconocimiento ni futuro profesional.
La denuncia, firmada por magistrados de toda España, pone de manifiesto un fracaso que, según fuentes judiciales consultadas por Libertad Digital, revela la hipocresía de un Ejecutivo que presume de avances en igualdad mientras abandona las reformas pendientes desde hace casi una década.


