O democracia o PSOE

La nueva secretaria general de Juventudes Socialistas de España, Aránzazu Figueroa, no ha empezado su mandato llamando al debate, ni a la convivencia, ni siquiera a esa cortesía mínima que permite a los adversarios cohabitar el espacio político sin ser calificados de plaga bíblica. Ha empezado llamando a la derecha "herederos del franquismo", "pijos de salón" y "mala gente". No era oratoria juvenil; tampoco el futuro hablando. Era la herencia socialista de las últimas dos décadas.

Conviene señalarlo porque estos días se habla mucho de la presunta corrupción económica de José Luis Rodríguez Zapatero, pero bastante menos de otra corrupción más profunda y duradera: la de los principios democráticos. La primera corresponde a los tribunales. La segunda debe juzgarla políticamente una sociedad que lleva demasiados años confundiendo crispación con intensidad democrática y sectarismo con virtud.

Zapatero llegó a La Moncloa en 2004 envuelto en la piel de cordero del buen talante. Sonreía mucho, parecía incapaz de levantar la voz y ofrecía la imagen de un político terapéutico. Pero no venía a rebajar una tensión inocente ni espontánea. Venía a culminar una estrategia que el PSOE había ensayado durante los años de mayoría absoluta del PP: convertir cada decisión del Gobierno de Aznar en una afrenta moral, cada discrepancia en una agresión y cada ejercicio legítimo del poder por parte de la derecha en una anomalía incompatible con la democracia. Bajo aquella apariencia meliflua no había serenidad, sino método. Y bajo el buen talante, una estrategia de quiebra moral del adversario.

A partir de ahí, todo lo demás vino rodado. La derecha dejó de ser adversaria para convertirse en enemigo. La discrepancia empezó a interpretarse como amenaza. El pluralismo pasó a tolerarse solo cuando no desafiaba la demarcación moral impuesta por la izquierda. Y la democracia, que debería ser el régimen de libertades donde los ciudadanos discuten, discrepan, votan y alternan el poder, fue convertida poco a poco en una propiedad de parte.

Ese fue el veneno más letal del zapaterismo. No solo la Ley de Memoria Histórica, que reabrió heridas con el pretexto de la reparación. No solo el Estatut, que desestabilizó el modelo territorial con una frivolidad inaudita. No solo la negociación secreta con ETA, que quebró por su base la legitimidad del Estado de derecho frente al terrorismo. No solo el Tinell como señal clara y prematura de una política de exclusión del PP. Todo eso fue importante, pero lo decisivo fue el giro gramatical: el adversario dejó de ser alguien con quien se podía perder o ganar unas elecciones y pasó a ser alguien contra quien había que levantar un muro moral.

La literatura política lleva tiempo advirtiendo contra este tipo de derivas, explicando que las democracias no viven solo de constituciones, sino de normas no escritas: la tolerancia mutua y la contención institucional. Es decir, aceptar que el rival tiene derecho a gobernar si gana y no usar el poder como arma para destruirlo. Y también cómo la política se degrada cuando deja de ser una disputa de ideas y se convierte en identidad tribal: los nuestros contra los suyos, los decentes contra los impuros, los buenos contra los malos. Cuando eso ocurre, ya no se debate; se señala. Ya no hay democracia, aunque formalmente siga existiendo.

Eso es exactamente lo que el zapaterismo instaló en España y lo que el sanchismo ha perfeccionado. Pedro Sánchez no ha inventado la política del enemigo, pero la ha llevado a su penúltimo estadio. Zapatero puso el catecismo; Sánchez la disciplina. El primero envolvía la exclusión en sonrisas, memoria, paz y progreso. El segundo la practica a martillazos, señalando jueces, periodistas, empresarios, partidos y ciudadanos como miembros de una conspiración.

La intervención de Figueroa es reveladora porque demuestra que las nuevas generaciones del socialismo no vienen a corregir, sino a profundizar. No hay ahí una juventud sana deseosa de recuperar el debate y el respeto a la discrepancia. Hay una cantera educada, formateada en una versión castiza del viejo monopolio de la verdad soviético: si la democracia se identifica con una sola causa, discrepar de esa causa es una forma de agresión. El otro ya no discrepa: atenta contra la moral. No representa una alternativa: representa un peligro. No merece discusión: merece exclusión.

Ahí está la gravedad del momento. Una democracia liberal no puede sobrevivir mucho tiempo si una parte del sistema político decide que la otra no tiene derecho a gobernar. Ni siquiera si pide perdón por existir. Tampoco puede sobrevivir si el debate, la independencia judicial, la libertad de prensa o la igualdad ante la ley empiezan a ser contemplados como conspiraciones. Cuando pedir que prevalezca la ley se presenta como una forma de fascismo, el problema no está en una crispación presuntamente compartida. Está en una izquierda que entiende la democracia como impunidad y el Estado de derecho como amenaza.

Por eso no basta con que Zapatero responda ante los tribunales. Hace falta algo más: someter su legado a juicio político. Revisar la herencia de aquel buen talante que dejó a España partida en bloques. Y si el PSOE de Sánchez, secundado por sus juventudes y sus coros, sigue forzando la mano, deberá recibir también su castigo político. No por ser socialista. No por ser de izquierdas. Sino por haber convertido la democracia en un campo de batalla y el pluralismo en intolerable.