Durante unas horas, España dejó de controlar quién entraba en su territorio. Cerca de 50.000 personas atravesaron la frontera de Ceuta por tierra y por mar, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad quedaron desbordadas, miles de magrebíes ocuparon las calles y al menos 57 seres humanos perdieron la vida en medio del caos. No fue una crisis migratoria más, sino la ruptura material de nuestra frontera nacional.
Ante una situación así, la Constitución ofrece un instrumento extraordinario: el estado de excepción. La Ley Orgánica 4/1981 permite declararlo cuando el orden público está tan gravemente alterado que las potestades ordinarias resultan insuficientes para restablecerlo. Si la entrada en unas horas de una cantidad de personas equivalente a más de la mitad de la población de Ceuta, la saturación de sus servicios, el despliegue del Ejército y la pérdida efectiva del control fronterizo no cumplen esas condiciones, cuesta imaginar qué tendría que ocurrir para que se cumplieran.
El estado de excepción no habría permitido expulsar automáticamente a todo el mundo ni suspender nuestras obligaciones internacionales, como algunos sostienen para desacreditar cualquier medida que no consista en cruzarse de brazos. Pero sí habría permitido limitar la circulación en determinadas zonas, intensificar los controles, proteger infraestructuras, intervenir servicios, concentrar recursos y acelerar la identificación y localización de quienes habían entrado. En definitiva, habría posibilitado recuperar la normalidad con mayor rapidez y autoridad.
No obstante, el Gobierno decidió no utilizarlo. Esperó a que Marruecos volviera a colaborar, a que miles de personas regresaran voluntariamente y a que la presión disminuyera por sí sola. Lo peor parece haber pasado, pero no gracias a la fortaleza del Estado, sino porque Rabat decidió volver a cerrar el grifo que nunca debería haber podido abrir.
Las consecuencias de esa renuncia son gravísimas. Ceuta no es únicamente una frontera española, sino una frontera exterior de la Unión Europea. La libre circulación dentro de Schengen se sostiene sobre una confianza elemental: cada país protege la entrada común para que los demás no tengan que protegerse de sus socios. Cuando España dejó de hacerlo, Italia planteó suspender Schengen con nuestro país y Francia reforzó sus controles. El mensaje internacional no puede ser más humillante: como España no protege la puerta de Europa, Europa tiene que protegerse de España.
También Marruecos ha tomado nota. Ha comprobado que puede desbordar una ciudad española, obligarnos a movilizar al Ejército, provocar una crisis europea y convertir el territorio nacional en moneda de cambio diplomática. No sabemos todavía si Rabat organizó deliberadamente la avalancha, pero sí sabemos que dejó de impedirla y que la situación comenzó a resolverse cuando volvió a colaborar. Nuestra soberanía quedó así reducida a la buena voluntad de un vecino que lleva años utilizando a seres humanos para chantajearnos.
Y después está la tragedia humana. Quienes perdieron la vida no lo hicieron porque España defendiera con demasiada firmeza su territorio, sino porque durante horas nadie fue capaz de controlar una avalancha perfectamente previsible. Defender la frontera también consiste en impedir que miles de personas se arrojen al mar convencidas de que al otro lado no existe un Estado dispuesto a detenerlas.
Ahora podrán desplegar más policías, levantar nuevas instalaciones y prometer que algo así no volverá a ocurrir. Pero el daño ya está hecho. Los ceutíes han descubierto que el Estado llega tarde y mal; Europa, que España no es un socio fiable para defender el espacio Schengen; y Marruecos, que nuestra soberanía depende de que no decida ponerla a prueba.
La alta traición es un delito con unos requisitos que probablemente no concurren en este caso. Sin embargo, aquí hablamos de una traición política: conocer que el Estado dispone de los instrumentos necesarios para defenderse y renunciar conscientemente a utilizarlos. El estado de excepción habría sido temporal, pero la imagen de un país incapaz de proteger a su territorio, a su soberanía y a sus ciudadanos permanecerá durante mucho tiempo.
España no recuperó el control de Ceuta cuando reaccionó el Gobierno, sino cuando Marruecos decidió que podía hacerlo. Esa es la medida exacta de nuestra humillación: durante unas horas, la soberanía española dependió de la voluntad de una potencia extranjera. Puede que el Código Penal no lo llame alta traición, pero pocas veces se ha traicionado tanto a España en tan poco tiempo.