Silva, sobre la investigación a Santos Héctor: “Ni me sorprende ni me deja de sorprender”

La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, ha asegurado este martes que "ni me sorprende ni me deja de sorprender» la investigación judicial sobre su compañero en el gobierno de Vigo Santos Héctor en la causa que indaga sobre el supuesto enchufe de la cuñada de ésta.

Preguntada por los periodistas en una rueda de prensa celebrada en Pontevedra, Carmela Silva ha señalado: "no solo no tengo nada que decir, sino que no debo decir nada" ante este procedimiento judicial, al entender que serán los jueces los que «"elimiten" esta cuestión. En todo caso, será a ellos, ha dicho, "a los que habrá que preguntarles".

"Yo no soy quien para valorar la decisión de los jueces", ha reiterado la teniente de alcalde de Vigo, quien ha afirmado que "tenemos que ser muy respetuosos" con la independencia de todos los poderes del Estado.

A pesar de que una de las investigadas es María Vanesa F., cuñada de la teniente de alcalde de Vigo, la propia Carmela Silva ha insistido en que no tiene "ninguna implicación en esta cuestión" por lo que no tiene “nada que decir” en su defensa.

Vínculos de la investigación

El grupo municipal de la Marea de Vigo considera "escandalosos" los “vínculos” que muestran que un empleado de una concesionaria municipal tiene un sueldo de 97.000 euros anuales, así como los procesos de investigación judicial abiertos que salpican al gobierno local.

La Marea solicita que el gobierno local aclare si este trabajador es el mismo que tuvo que declarar "en dependencias policiales y judiciales" sobre la contratación de familiares de miembros del gobierno local, en concreto, de la cuñada de la teniente de alcalde y presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva.

La empresa investigada en esta causa, Imesapi, es la misma que venía prestando el servicio de mantenimiento del alumbrado público, que ahora se refunde con el de los túneles en un concurso que ha sido paralizado.

En su expediente, figura la subrogación de 41 trabajadores, cinco de ellos indefinidos, uno de los cuales con un salario de 97.000 euros anuales.

El portavoz de la Marea de Vigo, Rubén Pérez, recuerda en un comunicado que dentro de la concesión de Imesapi, que años atrás se hizo con la gestión de los centros cívicos, cuatro empleadas fueron despedidas sin ser subrogadas, cuando ahora "se blinda" la subrogación del cuadro de personal, incluido este salario.

Ha concretado, además, que este sueldo corresponde a las labores de gerencia de la empresa, que opera en muchos ayuntamientos, "no solo el de Vigo, por lo que estamos pagando costes estructurales de la empresa", ha añadido.

Pérez sospecha también del "cambio de declaración" de este empleado en dependencias policiales y judiciales.

La Marea de Vigo pedirá aclaraciones en el próximo pleno de cómo la redacción del pliego de condiciones ha sido impugnado por una empresa licitante por cuestiones derivadas de los costes salariales.

El PP también ha instado al alcalde, Abel Caballero, a revisar el expediente del concurso en cuestión y a dar explicaciones en la próxima sesión plenaria.