Acusan al ex presidente mexicano Zedillo de conocer los vínculos entre la policía y el narcotráfico

La revista mexicana publica esta semana que la “falta de control sobre la Policía Judicial Federal, que se agravó con la desordenada ubicación de los agentes en diversas regiones del país, facilitó las operaciones del crimen organizado, pues la corporación fue debilitada al grado de que perdió capacidad de reacción”.

Proceso enfatiza que estos datos forman parte de un “informe confidencial” sobre la descomposición del organismo policial, elaborado en 1997 por personal cercano al general Guillermo Álvarez Nahara, entonces director de la PJF, el cual fue entregado en su momento al presidente Zedillo; al secretario de la Defensa, Enrique Cervantes Aguirre; al titular de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, Arsenio Farell, y al procurador Jorge Madrazo Cuéllar.

“Tan grave era el panorama encontrado en la PJF que se recomendaba dar aviso de la situación a las secretarías de la Defensa Nacional y de Gobernación "por el riesgo que puede representar para la seguridad nacional (...) la verificación de este trabajo por auditoría externa”, señala el reportaje.

Hechos

El informe, obtenido por Proceso/b>, cuenta con la firma del militar retirado Matías Guzmán Bravo, capitán segundo ingeniero industrial. Tres años después de elaborado el informe, la situación de la policía nacional “empeoró debido al cese de mil 800 elementos: sólo se mantienen en operación mil 200, los cuales son insuficientes para hacer frente al crimen organizado”, según reconoció el presidente Vicente Fox.

Al asumir el cargo de procurador general de la República, en 1994, José Antonio Lozano Gracia ofreció elevar el nivel de profesionalización y mejorar los salarios de la PJF. Como parte de la depuración, despidió a 850 policías "corruptos" que, tiempo después, regresaron a la corporación mediante amparos. Así, el proyecto de Lozano fracasó.

En 1997, Jorge Madrazo prometió convertir a la corporación en una policía científica, experta en trabajo de inteligencia y respetuosa de los derechos humanos. Sin embargo, al final de su gestión, se contabilizan mil 800 policías cesados por corrupción, ligas con el narco y consumo de drogas, cuyas plazas no fueron cubiertas con nuevos elementos, por lo que la PJF prácticamente fue desmembrada y se encuentra incapacitada para operar en el país.

“De los 4 mil 960 elementos contabilizados en 1997, se descubrió que 787 no tenían derecho a estar incluidos en la Licencia Colectiva para el porte de armas de fuego. Asimismo, mil 455 elementos cobraban por nómina de Oficialía Mayor y también en los Estados de Fuerza, de los cuales 539 personas no habían entregado su cartilla del Servicio Militar Nacional”, agrega el informe periodístico.