Se esfuman las esperanzas para localizar supervivientes entre los escombros

El último balance del Comité de Emergencia Nacional (COEN) dice además que un total de 21.194 viviendas han sido destruidas; 51.313, dañadas; 688, soterradas; y 137 iglesias y ocho hospitales, dañados.

En el barrio residencial de Las Colinas, en Santa Tecla, las labores de rescate y ubicación de víctimas, están dando paso a las excavadoras que se dedican a limpiar el lugar de escombros. En Las Colinas, a unos 20 kilómetros de San Salvador, se han recuperado hasta el momento 301 cadáveres, mientras que tan sólo se ha logrado rescatar vivas a unas diez personas; pero a pesar de todo los familiares de las víctimas todavía no han perdido la esperanza de encontrar con vida a sus parientes.

Ante el riesgo del brote de epidemias, el ministro salvadoreño del Interior, Mario Acosta, ha anunciado que se va a proceder a cubrir de cal los lugares donde se han descartado ya las posibilidades de encontrar supervivientes. El hacinamiento que se registra en algunos refugios y el consumo de agua sin tratamiento que hace aumentar el riesgo de epidemias puede provocar nuevos estragos en el país en las próximas semanas.

La organización humanitaria Médicos del Mundo ha advertido que hay una amenaza de cólera muy grave dadas las deficiencias en las infraestructuras sanitarias, aunque señaló que oficialmente no se ha registrado ningún caso. La red hospitalaria del país también ha resultado muy dañada a consecuencia del terremoto y son numerosos los hospitales que han quedado inutilizados, por lo que los centros sanitarios que están operativos no dan abasto para atender a los heridos.

El Gobierno salvadoreño calcula en 1.000 millones de dólares los daños materiales causados por el terremoto, que ha destrozado 20.131 viviendas, mientras que otras 47.141 han resultado dañadas. La reconstrucción de las viviendas es una de las tareas prioritarias a la que se enfrenta el país para que los miles de damnificados que lo han perdido todo puedan regresar a sus casas.

Aunque todos los salvadoreños se han solidarizado con las víctimas del terremoto, también hay algunos que pretenden hacer negocio con la catástrofe que vive el país, de unos 5,6 millones de habitantes, de los que el 50 por ciento vive en condiciones de pobreza.

Tras detectar unos 25 casos de aumentos irregulares de precio en productos básicos, el Parlamento salvadoreño aprobó el martes por la noche un decreto que castiga con penas de prisión de hasta doce años a quienes los incrementen, alteren o acaparen productos.