L. D.-
Irlanda ha sido el único país de la Unión Europea que sometió a referéndum la aprobación del Tratado de Niza. Pese a que todas las instituciones del país se implicaron pidiendo el voto afirmativo, el pueblo irlandés ha votado en sentido contrario. Hasta la Iglesia pidió el voto a favor del Tratado. El resto de socios de la UE se han limitado a su aprobación por parte de los respectivos gobiernos para remitirlos posteriormente a las asambleas legislativas –en el caso español, las Cortes– con el fin de que se ratificara. En España, el Gobierno lo remitió al Parlamento este viernes 8 de junio. Pero, con el voto negativo irlandés, el proceso tiene que volver a empezar y se debe renegociar el Tratado para que Irlanda también pueda ratificarlo posteriormente, una vez modificado.
En su texto actual, el Tratado introduce importantes modificaciones que afectan a la composición y funcionamiento de las instituciones y órganos de la Unión, sistema jurisdiccional, procedimiento y toma de decisiones, cooperaciones reforzadas, derechos fundamentales, seguridad y defensa y cooperación judicial penal, entre otros asuntos.
En el Parlamento Europeo se procede a un nuevo reparto de escaños en la perspectiva de una Unión de 27 miembros, aplicable a partir de las próximas elecciones europeas. El número máximo de diputados europeos ha sido elevado hasta 732.
Respecto al Consejo Europeo y a partir del 1 de enero de 2005, cuando un país presente una propuesta necesitará alcanzar, para su aprobación, la “mayoría cualificada”. Esta acepción significa que hará falta un número determinado de votos para obtener la aprobación. En todo caso, y al ser un asunto tan controvertido para todos los miembros de la UE, ese umbral aún no quedó fijado definitivamente en el Tratado de Niza, que sólo sentó los principios básicos para su posterior desarrollo en los sucesivos Tratados de Adhesión. Sin embargo, el número de votos atribuido a cada Estado miembro sí fue modificado a fin de tener más en cuenta el factor demográfico. Dicha modificación entrará en vigor igualmente el 1 de enero de 2005.
A partir del año 2005, la Comisión se compondrá de un Comisario por Estado miembro, lo que supone que los más poblados perderán en esa fecha la posibilidad de proponer un segundo Comisario, con independencia de cuál sea el número de Estados miembros de la Unión. El Tratado de Niza modifica, asimismo, el modo de designación del Presidente de la Comisión , que dependerá del Consejo (formado por los Jefes de Estado y de Gobierno) y que decidirá por mayoría cualificada. Posteriormente, el Consejo, por mayoría cualificada y de común acuerdo con el Presidente designado, adoptará la lista de los otros miembros de la Comisión, establecida conforme a las propuestas realizadas por cada Estado miembro. Los poderes del Presidente también eran reforzados considerablemente por el nuevo Tratado.
En lo relativo a las instituciones judiciales , el Tratado de Niza afirma que el Tribunal de Justicia será el competente para conocer los recursos prejudiciales y el garante, en última instancia, de la unidad en la interpretación y aplicación del derecho comunitario.
Respecto al lugar de reunión de los Consejos Europeos , se prevé que, a partir de 2002, tendrá lugar en Bruselas una reunión del Consejo Europeo por Presidencia y que todas las reuniones se celebrarán en esa ciudad cuando la Unión cuente con 18 Estados miembros. No obstante, esta declaración sólo se refiere a las reuniones formales del Consejo Europeo, y España ya ha anunciado formalmente, con la aquiescencia general, que durante su presidencia (primer semestre de 2002) se celebrará una reunión del Consejo Europeo en Barcelona y otra en Sevilla.
En su texto actual, el Tratado introduce importantes modificaciones que afectan a la composición y funcionamiento de las instituciones y órganos de la Unión, sistema jurisdiccional, procedimiento y toma de decisiones, cooperaciones reforzadas, derechos fundamentales, seguridad y defensa y cooperación judicial penal, entre otros asuntos.
En el Parlamento Europeo se procede a un nuevo reparto de escaños en la perspectiva de una Unión de 27 miembros, aplicable a partir de las próximas elecciones europeas. El número máximo de diputados europeos ha sido elevado hasta 732.
Respecto al Consejo Europeo y a partir del 1 de enero de 2005, cuando un país presente una propuesta necesitará alcanzar, para su aprobación, la “mayoría cualificada”. Esta acepción significa que hará falta un número determinado de votos para obtener la aprobación. En todo caso, y al ser un asunto tan controvertido para todos los miembros de la UE, ese umbral aún no quedó fijado definitivamente en el Tratado de Niza, que sólo sentó los principios básicos para su posterior desarrollo en los sucesivos Tratados de Adhesión. Sin embargo, el número de votos atribuido a cada Estado miembro sí fue modificado a fin de tener más en cuenta el factor demográfico. Dicha modificación entrará en vigor igualmente el 1 de enero de 2005.
A partir del año 2005, la Comisión se compondrá de un Comisario por Estado miembro, lo que supone que los más poblados perderán en esa fecha la posibilidad de proponer un segundo Comisario, con independencia de cuál sea el número de Estados miembros de la Unión. El Tratado de Niza modifica, asimismo, el modo de designación del Presidente de la Comisión , que dependerá del Consejo (formado por los Jefes de Estado y de Gobierno) y que decidirá por mayoría cualificada. Posteriormente, el Consejo, por mayoría cualificada y de común acuerdo con el Presidente designado, adoptará la lista de los otros miembros de la Comisión, establecida conforme a las propuestas realizadas por cada Estado miembro. Los poderes del Presidente también eran reforzados considerablemente por el nuevo Tratado.
En lo relativo a las instituciones judiciales , el Tratado de Niza afirma que el Tribunal de Justicia será el competente para conocer los recursos prejudiciales y el garante, en última instancia, de la unidad en la interpretación y aplicación del derecho comunitario.
Respecto al lugar de reunión de los Consejos Europeos , se prevé que, a partir de 2002, tendrá lugar en Bruselas una reunión del Consejo Europeo por Presidencia y que todas las reuniones se celebrarán en esa ciudad cuando la Unión cuente con 18 Estados miembros. No obstante, esta declaración sólo se refiere a las reuniones formales del Consejo Europeo, y España ya ha anunciado formalmente, con la aquiescencia general, que durante su presidencia (primer semestre de 2002) se celebrará una reunión del Consejo Europeo en Barcelona y otra en Sevilla.