El presidente Donald Trump ha dado un paso decisivo para cumplir una de sus promesas electorales más controvertidas: desmantelar el Departamento de Educación. Con una orden ejecutiva firmada este jueves, Trump reduce drásticamente las competencias de la agencia, devolviendo la mayor parte de la autoridad educativa a los estados.
"Cuando el presidente Carter creó el Departamento de Educación en 1979, los miembros de su propio gabinete se opusieron", ha rememorado Trump, agregando que "tras 45 años" de aquella medida Estados Unidos "gasta mucho más dinero en educación que cualquier otro país" y, pese a ello, no obtiene resultados satisfactorios. Según el presidente de Estados Unidos, desde su creación el Departamento ha gastado "tres billones de dólares" mientras los resultados en educación empeoraban.
La Casa Blanca, consciente de la necesidad de aprobación del Congreso para un cierre total, ha matizado que la agencia mantendrá funciones básicas como la gestión de ayudas y becas. Sin embargo, la secretaria de Educación, Linda McMahon, "con suerte" la última, según Trump, ya ha puesto en baja administrativa a la mitad de su personal.
Trump, rodeado de niños en pupitres y gobernadores republicanos como Ron DeSantis, defendió la medida como un retorno al "sentido común" y una liberación de la "burocracia de Washington". Aseguró que se preservarán las ayudas a niños con necesidades especiales y a familias con bajos ingresos, aunque se gestionarán desde otros departamentos. La oposición demócrata hace improbable la clausura total, pero Trump se mostró confiado en lograr apoyos suficientes, sugiriendo incluso que algunos demócratas "ya consideran que era hora".
El senador republicano por Luisiana Bill Cassidy ya ha informado de que presentará una ley al respecto. "Dado que el Departamento solo puede cerrarse con la aprobación del Congreso, apoyaré los objetivos del presidente presentando una legislación para lograrlo lo antes posible", ha indicado en un mensaje publicado en redes sociales.
McMahon defendió la decisión, asegurando que se ha hecho "con mucho cuidado" para "reducir la burocracia" sin afectar a los servicios. El objetivo final, reiteró, es que el dinero "regrese a los estados sin la burocracia de Washington".