Buena parte del andamiaje institucional actual en Estados unidos se forjó durante los años 70, y la cada vez más intensa polarización ha hecho imposible que republicanos y demócratas se hayan puesto de acuerdo para su reforma. De ahí que este segundo mandato de Trump esté resultado revolucionario: las decisiones y decretos de sus primeros meses están obligando a los tribunales a revisar la división de poderes tal y como lleva funcionando en la práctica medio siglo.
Por poner un ejemplo, Trump empezó a despedir personal nada más aposentar sus posaderas en el Despacho Oval, incluyendo cargos que, según las leyes que los crearon, no podían ser despedidos a voluntad por el presidente, algo que todos, incluso el primer Trump, respetaron. Pero dado que la Constitución concede al presidente un poder absoluto sobre el Ejecutivo, los jueces están determinando que esas leyes son inconstitucionales.
El viernes pasado el Tribunal Supremo terminó de dar sus veredictos para este año judicial, que comienza en octubre y que, aunque tenga resoluciones durante todo el año, especialmente en enero, suele dejar para junio los fallos para los casos más importantes. Y dejó para el final algunos de los más notables, como la obligación de los distritos escolares a garantizar la libertad religiosa de los padres mediante el pin parental o la libertad de los estados para no financiar las clínicas abortistas de Planned Parenthood con dinero público. Pero la verdadera bomba ha sido el caso sobre la ciudadanía por nacimiento, pero no porque hayan tomado ninguna decisión sobre si es constitucional o no pasar, como sucede en Europa, a un sistema basado en la nacionalidad de los padres. No, lo que han hecho, en un fallo histórico porque prohíbe, salvo casos tasados, a los jueces federales imponer una suspensión cautelar a decisiones del Ejecutivo.
El problema de las suspensiones cautelares reside en que han pasado de ser algo excepcional a convertirse en un día más en la oficina para los centenares de jueces federales que actúan como primera instancia dentro del sistema federal de Justicia. Se había convertido en habitual que organizaciones y estados demócratas pongan demandas frente a jueces que saben afines para conseguir que emitieran una suspensión cautelar a decisiones de Trump con las que discrepan políticamente. Algo que las leyes que crearon esas posiciones judiciales no permiten, según la mayoría constitucionalista del Tribunal Supremo; sólo éste último puede hacerlo porque la Constitución sí le da ese poder.
El problema con esta decisión es que se puede pasar del abuso de poder judicial al abuso de poder presidencial, permitiendo que los presidentes tomen decisiones inconstitucionales que, para cuando el Supremo las declare ilegales, ya hayan tenido consecuencias irreparables. Pero eso sólo el Congreso puede arreglarlo y encontrar un punto de equilibrio mejor al que ha estado vigente, por ejemplo, permitiendo a los tribunales de circuito –la instancia intermedia entre los jueces federales y el Supremo– emitir suspensiones cautelares bajo ciertos límites. Pero está por ver si los dos partidos son capaces de superar sus diferencias para encontrar un punto de encuentro en lo que es una reforma institucional en la que todos deberían coincidir. Yo no soy optimista.