El Congreso de EEUU pide investigar el contrato de España con Huawei y amenaza con sanciones

La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de adjudicar a Huawei la gestión de las escuchas judiciales en España por 12,3 millones de euros -justificado por Interior por ser, dice, la oferta más barata- ha escalado hasta convertirse en un conflicto diplomático con Washington que amenaza con derivar en sanciones comerciales y restricciones en materia de inteligencia.

Así, el movimiento de España con Huawei ha terminado por encender las alarmas en el Congreso de Estados Unidos y en las agencias de inteligencia. Tanto que, según la administración americana ha dado a Madrid hasta finales de agosto para reconsiderar el acuerdo bajo la advertencia de recortar el caudal de información estratégica que comparten los aliados.

Cartas cruzadas en el Capitolio

Pero es que ahora el propio Congreso ha instado a una investigación. Los congresistas republicanos Gus Bilirakis y Richard Hudson, presidentes de dos subcomisiones clave en el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes han remitido el pasado 8 de agosto una carta al secretario de Comercio, Howard Lutnick, reclamando una investigación formal sobre la decisión española.

"Estoy profundamente preocupado por las informaciones de que España ha contratado a Huawei para gestionar y almacenar datos sensibles de escuchas judiciales", señaló Bilirakis. Su colega Hudson fue más contundente: "La decisión de España de dar a Huawei acceso a datos sensibles es un riesgo directo para nuestra seguridad compartida. Estados Unidos no puede aceptar dobles raseros que bloqueen el comercio digital estadounidense mientras se hace la vista gorda ante la intromisión china".

La misiva recuerda que Washington prohibió en 2019 a Huawei y ZTE participar en sus redes de telecomunicaciones por considerar que suponían "riesgos inaceptables" para la seguridad nacional. Y acusa a la Unión Europea de aplicar un doble rasero: endurece la transferencia de datos hacia Estados Unidos en nombre de la privacidad, pero permite que empresas chinas accedan sin trabas a sectores críticos.

Amenaza de sanciones y bloqueo tecnológico

Si el Departamento de Comercio concluye que España vulneró la confianza de sus aliados, el país podría ser incluido en la lista de socios que permiten a Huawei acceder a infraestructuras críticas, un estatus reservado hasta ahora a naciones con vínculos estrechos con Pekín. Ello supondría sanciones tecnológicas, restricciones a licencias de software estratégico y limitaciones en la cooperación digital con empresas españolas.

Más aún: la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, ya abrió a comienzos de agosto una investigación formal para evaluar el riesgo de seguridad que representa el contrato. El informe estará listo a finales de mes y, en la práctica, otorga a La Moncloa un plazo hasta el 31 de agosto para revertir la adjudicación. De lo contrario, España podría ver recortado el flujo de información sensible que recibe de EEUU y la OTAN en ámbitos clave como terrorismo yihadista, narcotráfico, ciberseguridad o movimientos militares en el Sahel y el Magreb.

Irritación en Washington y malestar en Pekín

La controversia es aún mayor porque España vetó a Huawei en las redes 5G bajo presión de sus aliados, pero ha permitido ahora que la multinacional china suministre servidores de alto rendimiento para almacenar escuchas judiciales. En Washington, esa aparente contradicción ha sido interpretada como un giro de Sánchez hacia Pekín, en línea con su estrategia de atraer inversión china en energías renovables y automoción.

La Embajada china en Madrid, por su parte, reaccionó con dureza ante las críticas estadounidenses. Un portavoz calificó las cartas del Capitolio como "un acto típico de bullying" y acusó a Washington de intentar "difamar, restringir y atacar en todo el mundo a empresas chinas".

Un punto de inflexión en la relación bilateral

Diplomáticos y expertos coinciden en que el caso Huawei se ha convertido en un punto de inflexión en las relaciones entre Madrid y Washington. En apenas un mes, la escalada ha pasado de advertencias en comisiones parlamentarias a una investigación de inteligencia y ahora a la posible intervención del Departamento de Comercio. Cada paso aumenta la presión sobre La Moncloa y eleva el coste de mantener el contrato.

"El desenlace será inmediato", advierte un congresista republicano. "Si España no rectifica, habrá consecuencias en la cooperación en seguridad, tecnología y comercio".