El presidente Donald Trump ha conseguido este jueves una nueva y contundente victoria judicial. Un tribunal de apelación de Nueva York ha anulado la multa de 454 millones de dólares más intereses que le fue impuesta en el caso por fraude civil en Nueva York, un proceso impulsado por la fiscal demócrata Letitia James con el objetivo de hacer zozobrar su imperio empresarial. La corte ha considerado la sanción "excesiva" y "anticonstitucional" por violar la Octava Enmienda, que prohíbe multas excesivas y castigos crueles e inusuales.
Uno de los jueces, David Friedman, ha sido especialmente duro al señalar en su escrito que el verdadero objetivo era acabar con la carrera política del magnate y con su negocio inmobiliario, atacando la decisión del juez que lo condenó en primera instancia, Arthur Engoron. Friedman explica que la norma que se ha empleado en este caso fue pensada para evitar abusos a los consumidores, no para entrometerse en negociaciones de alto nivel en que las partes hacen su propia due diligence, es decir, se aseguran de la realidad detrás de las afirmaciones de la contraparte.
La acusación contra Trump consistía en que a la hora de pedir créditos a varios bancos, las empresas del magnate exageraron el valor de algunas de sus propiedades para aparentar una mayor solvencia. Sin embargo, ninguno de los bancos lo denunció ni se consideró perjudicado por ello, ya que hicieron su propia valoración, y además las empresas del ahora presidente ya habían devuelto los créditos en cuestión.
Tras el varapalo, la fiscal James ya ha anunciado que recurrirá, y ha recordado que el fallo no invalida la sentencia y además mantiene otras medidas cautelares que limitan su capacidad de hacer negocios en Nueva York: "Trump, su empresa y sus dos hijos son responsables de fraude", aseguró en un comunicado.
Mientras tanto, el presidente celebró la victoria y volvió a denunciar la "caza de brujas política" orquestada por la demócrata, una de sus más fervientes opositoras políticas. Su Departamento del Justicia anunció hace meses que tenía una investigación abierta contra James por haber mentido al solicitar una hipoteca y recientemente se ha sabido que está estudiando denunciar a la Fiscalía por violar los derechos civiles de Trump en este mismo caso.
Esta resolución se suma al progresivo desmantelamiento de la ofensiva judicial lanzada contra el presidente durante el mandato de Joe Biden. Trump fue imputado por haberse llevado de la Casa Blanca documentos clasificados tras su primer mandato y por los intentos por revertir los resultados de las elecciones de 2020, pero ambos fueron desestimados tras su investidura.
El único caso penal por el que ha sido condenado, el del pago irregular a la actriz porno Stormy Daniels, concluyó poco antes de su investidura con una sentencia simbólica sin ninguna consecuencia, salvo la de permitir a los demócratas argumentar que Trump es el primer delincuente condenado en llegar a la Casa Blanca. También perdió un caso civil por difamación contra la escritora Jean E. Carroll , quien lo acusó de una agresión sexual supuestamente cometida hace décadas y que logró una indemnización por difamación tras las críticas que recibió de Trump después de su acusación, pese a que el jurado determinó que la agresión nunca tuvo lugar.
Donald Trump podrá recuperar en breve la fianza de 175 millones de dólares que tuvo que depositar para poder apelar este caso. Una pequeña parte de su imperio empresarial, que se vio enormemente aumentado tras sacar a bolsa su empresa Trump Media, que contiene la red social Truth Social en la que escribe en exclusiva y de la que tiene la mayoría de acciones, que se dispararon tras su intento de asesinato y su victoria electoral. Actualmente están valoradas en más de 4.000 millones de dólares.