El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dado un espaldarazo a la política de Donald Trump para combatir el gasto ideológico con dinero público. En su decisión, la corte ha autorizado al Gobierno a proceder con un recorte de casi 800 millones de dólares en fondos que, bajo la apariencia de investigación sanitaria, se destinaban a promover una agenda ideológica woke.
Con una ajustada mayoría de 5 votos contra 4, el Tribunal Supremo ha revocado la orden del juez de Boston William Young, que había actuado de manera "arbitraria y caprichosa" para bloquear la decisión del Ejecutivo. Los magistrados han sentenciado que el juez de instancia carecía de jurisdicción para imponer el mantenimiento de las subvenciones, dado que existe un tribunal especial dedicado a estas cuestiones que es el que tiene la jurisdicción exclusiva, que es al que los afectados deben recurrir. A cambio, han decidido dejar en pie otras medidas cautelares para las que considera que sí tiene jurisdicción.
El tribunal en este caso se dividió de una forma original: las tres magistradas nominadas por la izquierda junto con el presidente del Supremo, el juez Roberts, se mostraron contrarios a corregir la decisión del juez federal, mientras que otros cuatro jueces consideraron que debía aceptarse la petición de suspensión de las medidas cautelares por completo. Al final, el Tribunal adoptó la posición salomónica de la única juez que quería este fallo concreto, Amy Coney Barrett, especialmente preocupada siempre por razones de procedimiento.
El caso se deriva de una orden ejecutiva de Trump para rescindir contratos que "promuevan la ideología de género" o establezcan "preferencias inmorales" por motivos de raza o sexo. Se trata de un golpe directo a los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) que han permeado la Administración pública norteamericana.
Como empieza a ser habitual, el disenso escrito por la juez Jackson se dedica a insultar a sus colegas, a quienes acusa de jugar con la jurisprudencia al "Calvinball", un juego ficticio de la tira cómica Calvin y Hobbes en la que el niño protagonista se inventa y cambia las reglas de su propio juego según le conviene. Ningún otro juez ha querido firmar con ella el disenso, ahondando en el cada vez más visible aislamiento de la magistrada nominada por Biden por cumplir los requisitos de ser mujer y de raza negra.
Sin embargo, la opinión particular escrita por Gorsuch y al que se unió Kavanaugh, recuerda precisamente que el Tribunal Supremo ya se había pronunciado en un caso prácticamente idéntico en el que ya había dictaminado que los jueces federales no tienen jurisdicción para impedir recortes de subvenciones. "Los jueces de tribunales inferiores pueden no estar de acuerdo en ocasiones con las decisiones de este Tribunal, pero no son libres de desafiarlas", afirman, en un claro reproche al juez Young.