El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pasado a la ofensiva contra quienes atacan los símbolos nacionales. Este lunes ha firmado una decreto para que los fiscales federales persigan con la máxima dureza posible a todo aquel que ose quemar o profanar la bandera del país, especialmente durante las manifestaciones que sacuden la nación.
Para Trump, la bandera "es el símbolo más sagrado y preciado de Estados Unidos y de la libertad", y ha recordado que "miles de patriotas estadounidenses han luchado, derramado sangre y muerto para que la bandera estadounidense ondee con orgullo". Por ello, considera que su profanación es "una declaración de desprecio, hostilidad y violencia contra nuestra nación". Su opinión cuenta con un amplio respaldo popular: según las encuestas, un 59% de los estadounidenses considera que nunca debería ser aceptable quemar la enseña nacional.
Trump ha sido tajante en rueda de prensa y ha lanzado una advertencia directa a los manifestantes: "Quemas una bandera, un año de cárcel", unas palabras que no están reflejadas en el texto del decreto. La orden se limita esencialmente a pedir a la fiscal general que persiga aquellos delitos que incluyan la quema de la bandera.
El decreto parece chocar frontalmente con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que en 1989 dictaminó, en una "triste decisión judicial por 5 a 4 votos", según palabras del propio Trump, que la quema de la bandera está protegida por la Primera Enmienda como una forma de "libertad de expresión". Ese fallo contó con el voto a favor del mítico magistrado Antonin Scalia, por ser la única ajustada a la Constitución pese a que, según declaró en un evento en 2015, poco antes de morir, que "si por mi fuera, metería en la cárcel a todos esos hippis con sandalias y barba descuidada que se dedican a quemar la bandera norteamericana. Pero no soy un rey".